El Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN) ha aprobado el Plan de Acción Anual (PAA), que contiene las directrices del Plan de Control Tributario (PCT) de la agencia en materia de investigación, prevención y detección del fraude fiscal, así como la puesta en marcha de nuevos cauces de atención y asesoramiento adaptados a las necesidades de los contribuyentes. Como novedad, las directrices del PCT instan a la especialización y distribución regional de la carga de trabajo a fin de homogenizar la intensidad de los controles en atención a las peculiaridades de cada provincia.
El Plan de Control Tributario es un instrumento básico y fundamental en la gestión y el control desarrollado por las diferentes áreas funcionales de la aplicación de los tributos de la Agencia, responsable de la investigación y detección del fraude fiscal en la comunidad autónoma y del diseño de las líneas estratégicas para combatirlo y evitarlo.
Las directrices para la elaboración de dicho plan, que se han publicado el 27 de diciembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), basculan en torno a tres grandes ejes: la prevención del fraude fiscal; la puesta en marcha de medidas para detectar, corregir y, en su caso, sancionar los incumplimientos tributarios; y un tercero centrado en la colaboración con otras administraciones en la lucha contra el fraude fiscal, a fin de incrementar la eficacia de la gestión.
Las actuaciones enfocadas a la prevención del fraude fiscal se centran en medidas de información y asistencia a los andaluces con el fomento de una atención multicanal directa al usuario. El objetivo es generar contenidos informativos adaptados a sus características y necesidades, además de la mejora o actualización de funcionalidades y herramientas para facilitar la autoayuda, evaluar la calidad de los productos y servicios que ofrece e, incluso, detectar nuevas necesidades de servicio.
En este sentido, las directrices contemplan también el «derecho al error» de los contribuyentes a través de la denominada «invitación a la autocorrección», al constatarse determinadas situaciones que pudieran ser susceptibles de rectificación por parte de los propios usuarios sin necesidad de iniciar procedimientos de comprobación, lo que disminuye los costes derivados de una posible actuación administrativa.
Asimismo, se apuesta por mejorar la accesibilidad a los servicios de información y asistencia de los colectivos con necesidades especiales, a fin de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. En la misma línea de mejora de accesibilidad, se busca reforzar el autoservicio en la asistencia y apoyo a colaboradores sociales a la hora de resolver cualquier cuestión sobre la aplicación de los tributos o las posibles incidencias técnicas relacionadas con los dispositivos, aplicaciones y utilidades que utilizan.
De la misma manera, estas directrices persiguen una mayor colaboración con instituciones y centros directivos de la Junta de Andalucía para, en última instancia, fomentar una cultura cívica de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Todo ello a través de iniciativas para mejorar el conocimiento y la comprensión de la ciudadanía del sistema tributario, así como la relación existente entre los ingresos públicos y la disposición de bienes y servicios públicos.
Medidas para la detección del fraude fiscal
En el plano de la prevención y la supervisión, la ATRIAN tiene el deber de informar y asistir o facilitar el cumplimiento de sus obligaciones a los ciudadanos, al tiempo que se encarga de identificar, evaluar y priorizar los riesgos de incumplimiento con el objetivo de alcanzar el mayor porcentaje de ejecución de las previsiones presupuestarias de ingreso, mejorando con ello la cobertura financiera que permite atender las necesidades públicas.
En este sentido, y para maximizar su capacidad operativa, la Agencia apuesta por ahondar en el proceso de regionalización de las actuaciones y fomentar la especialización. Para ello, se ha optado por centralizar nuevas funciones, como la de análisis de riesgo fiscal y calificación de las autoliquidaciones; la selección de actuaciones y asignación; la asistencia técnica en materia de valoración y las actuaciones de comprobación limitada, que se llevarán a cabo por parte de un equipo regional de nueva creación.
La ATRIAN justifica esta decisión en la necesidad de mejorar la eficiencia de la gestión y homogeneizar la intensidad de los controles entre provincias debido a las particularidades de cada zona, sin que eso suponga un cambio en la competencia para su resolución. De la misma manera, se apuesta por la puesta en marcha de un equipo especializado que asuma todas las actuaciones de aplicación de los tributos en relación con el canon del agua.
Respecto a las actuaciones para detectar, corregir y, en su caso, sancionar los incumplimientos tributarios, el plan de la ATRIAN incluye medidas para la selección de las operaciones con mayor riesgo fiscal, con el objetivo de incrementar el nivel de cumplimiento voluntario de los contribuyentes.
Como criterios generales, todas las autoliquidaciones serán objeto de una evaluación de riesgo, se hará un estudio de segmentación de contribuyentes y los diferentes niveles de riesgo se determinarán a través de distintos procesos y fases de verificación, tanto automatizados como manuales. La calificación de riesgo que se determine para cada expediente determinará, asimismo, una concreta actuación administrativa.
Concretamente, se realizarán verificaciones masivas de todos los expedientes, mediante procesos automatizados, muestreos y nuevos cruces de información con diversas fuentes.
También se realizarán actuaciones programadas de control tributario y se reforzará la gestión de los procedimientos de cobro por la vía de apremio para aumentar su eficacia, de modo que tengan también un efecto disuasorio sobre los posibles defraudadores.
Por último, las directrices del Plan de Control Tributario de la ATRIAN para 2025 contemplan medidas específicas de colaboración con otras administraciones tributarias (tanto del Estado como del resto de las comunidades autónomas o las administraciones locales) en materia de lucha contra el fraude, para lo que se concretarán criterios uniformes y procedimientos comunes de intercambio de información.
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