El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha emitido un informe en el que se destaca la responsabilidad patrimonial de las administraciones debido a la falta de medidas adecuadas ante la situación de riesgo que enfrentaba el niño Sergio. Este menor fue asesinado por su madre, Ana María B.L., el 10 de octubre de 2019 en su hogar en Huércal de Almería.
A pesar de las múltiples denuncias presentadas ante la Guardia Civil y las llamadas al Servicio de Protección del Menor realizadas por su padre en las semanas previas al trágico suceso, no se tomaron las acciones necesarias para proteger al niño.
Responsabilidad administrativa
El CCA ha señalado que la inacción por parte de las autoridades competentes contribuyó a que Sergio permaneciera en una situación vulnerable. El informe pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar los protocolos de actuación en casos similares para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.
Este caso ha generado un amplio debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección infantil y la responsabilidad que tienen las instituciones para garantizar la seguridad de los menores en situaciones críticas.
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