El PSOE critica la teleconsulta por retrasar la atención sanitaria

El parlamentario autonómico del PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, ha denunciado que la implementación de la teleconsulta médica está provocando un notable retraso en la atención sanitaria, además de ocultar el verdadero tiempo de espera para acceder a un especialista. Según Hernández, actualmente se están registrando demoras de hasta tres meses para que los especialistas analicen las solicitudes realizadas por los médicos de atención primaria tras evaluar a los pacientes. Este problema afecta a diversas especialidades médicas y, como ha señalado el parlamentario, “hasta que no se resuelve esta teleconsulta, el paciente no se incorpora a la lista de espera”.

Demoras alarmantes en citas especializadas

Hernández también subrayó que a este tiempo de espera hay que añadir las largas demoras existentes para obtener citas con especialistas. En el hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, por ejemplo, los pacientes deben esperar más de un año para ser atendidos en Cardiología o Neumología, mientras que en Torrecárdenas la espera para Dermatología ronda el año. Estas cifras evidencian una situación insostenible.

El dirigente socialista cuestiona además el sistema instaurado por el presidente andaluz Moreno Bonilla, argumentando que pone en tela de juicio la capacidad diagnóstica de los médicos de atención primaria. Recordó que durante el mandato del anterior Gobierno socialista, cualquier paciente podía acudir directamente a su médico y salir con una cita para el especialista si era necesario, algo que ya no es posible.

Críticas al Gobierno andaluz

Mateo Hernández afirmó que, a pesar de los esfuerzos propagandísticos del Gobierno andaluz por presentar una realidad sanitaria diferente, lo cierto es que existe una grave falta de profesionales y unas listas de espera desbordadas. El diputado socialista considera evidente esta situación para todos los andaluces “excepto para el Gobierno de Moreno Bonilla”, quien ha sido criticado por desviar casi 700 millones de euros hacia la sanidad privada en 2025 en lugar de invertir esos recursos en mejorar la sanidad pública con más personal y mejores condiciones laborales.

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