Investigación por maltrato animal en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid está llevando a cabo una investigación sobre uno de los propietarios de estos gallos virales, un hombre de 43 años, quien es sospechoso de haber cometido un delito contra los animales. Este delito se relaciona con la mutilación de crestas y barbillas en cinco gallos sin contar con un informe veterinario que lo justifique. Se han encontrado un total de 21 aves, compuestas por 15 gallos y 6 gallinas pertenecientes a la raza Combatiente Español, así como cruces con la raza Fénix.

Detalles de la Investigación

El 16 de enero, tras recibir información desde Soria sobre una denuncia relacionada con el robo de varios gallos en Valladolid, la Guardia Civil inició diligencias por un presunto caso de maltrato animal. Esta situación fue comunicada a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid.

Este incidente ha suscitado una notable atención mediática en redes sociales y otros medios. La Guardia Civil realizó una inspección el 22 de enero en colaboración con Veterinarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en una explotación avícola situada en Valladolid.

Condiciones de las Aves

Durante la inspección, se encontraron las mencionadas aves. De ellas, cinco presentaban amputaciones en las crestas y barbillas sin justificación médica. Estos gallos son los mismos que habían sido robados y luego recuperados en Soria. Las demás aves estaban en condiciones consideradas “aceptables”

Las intervenciones realizadas están reguladas por el apartado 2 del artículo 7 sobre condiciones de bienestar animal, que establece normas básicas para la gestión de granjas avícolas.

Falta de Autorizaciones

La inspección reveló que el propietario carecía completamente de autorizaciones o licencias necesarias para operar. Se emitieron diversas denuncias administrativas debido a esta falta, incluyendo no tener registrado un corral doméstico ni cumplir con las normativas ambientales locales.

Tampoco contaba con inscripción en el registro de explotaciones ganaderas (REGA) ni mantenía un libro registro correspondiente. Además, no había documentación que respaldara las amputaciones realizadas como terapéuticas o diagnósticas. La Guardia Civil está investigando la legalidad del funcionamiento actual del establecimiento avícola.

Consecuencias Legales

Los animales han quedado inmovilizados debido a la falta de un lugar adecuado que cumpla con las normativas higiénico-sanitarias y de seguridad. Esto implica restricciones para entradas y salidas desde el lugar donde se encuentran.

El individuo bajo investigación podría enfrentar penas que oscilan entre tres meses y dieciocho meses de prisión, así como multas que van desde seis hasta doce meses. También podría ser inhabilitado durante uno a tres años para ejercer profesiones relacionadas con animales o para su tenencia.

Las diligencias correspondientes ya han sido entregadas al Juzgado de Instrucción y a la Fiscalía Delegada, aunque las investigaciones continúan en curso.

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