El Gobierno declara de utilidad pública parte de la playa de El Albarrobico en Almería

El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar la declaración de utilidad pública de parte de la playa de El Albarrobico, ubicada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Esta decisión es un avance hacia la expropiación y posterior demolición del hotel ilegal que se encuentra en esta zona, un asunto que ha estado envuelto en litigios durante más de 20 años.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció esta medida en una rueda de prensa posterior al consejo, donde subrayó la importancia de proteger los ecosistemas y el dominio público marítimo-terrestre para salvaguardar a las personas del riesgo de inundaciones. Aagesen afirmó que hay “dos lecciones” que aprender: la necesidad fundamental de cuidar el medio ambiente y la relevancia del espacio costero para la seguridad ciudadana.

Colaboración entre administraciones

Aagesen también confía en que la Junta de Andalucía llevará a cabo “de forma responsable” las acciones necesarias sobre la parte del hotel situada fuera de la franja de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre. Esto permitirá que ambas administraciones trabajen juntas para lograr el derribo total del establecimiento.

En este contexto, recordó el protocolo firmado en 2011, que establecía qué administración asumiría los gastos relacionados con la demolición y gestión de residuos, así como los costos para restaurar la playa. El Gobierno se ha comprometido a cubrir estos primeros gastos, estimados en aproximadamente siete millones de euros.

Un largo camino judicial

El hotel fue construido en 2003 y ha acumulado múltiples sentencias desfavorables por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS). En 2018, el TS confirmó que los terrenos donde se erige el hotel son considerados ambientalmente protegidos, desestimando su carácter urbanizable. Además, en 2021, se dictó que el Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación legal de anular la licencia otorgada para su construcción.

No obstante, en 2022, el Tribunal Supremo determinó que el hotel no podía ser demolido debido a que contaba con licencia. Esta decisión llevó a una situación compleja donde si el Ayuntamiento no cumplía con las sentencias relacionadas con la calificación protectora del terreno, estos pasarían a ser urbanizables hasta que se modificaran las normas urbanísticas correspondientes.

Intervención internacional

La organización Greenpeace ha solicitado amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), quien ahora debe investigar la legalidad detrás del fallo del TS. Inés Díez de Frutos, responsable del área jurídica de Greenpeace, indicó que aún están a la espera de respuesta por parte del TEDH y mencionó que actualmente el caso está inmerso en dos procedimientos judiciales debido a la falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento.

Greenpeace también denuncia lo que consideran “tácticas dilatorias” por parte del Consistorio para evitar cumplir con las sentencias judiciales. La situación se complica aún más debido a que la promotora del hotel opera bajo diferentes nombres ante los tribunales, incluyendo Azata e Inmobiliaria Azata del Sol.

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