Ecologistas en Acción ha calificado la reciente decisión del Gobierno central de proceder con la expropiación de los terrenos en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre en el paraje de El Algarrobico, ubicado en Carboneras, como un "brindis al sol". Este colectivo considera que la verdadera solución a la problemática radica en el cumplimiento de las sentencias judiciales que se oponen a la construcción del hotel Azata del Sol.
A pesar de valorar positivamente la implicación del Gobierno, Ecologistas en Acción subraya que para lograr la demolición del polémico edificio es necesario hacer efectivas las resoluciones judiciales. Estas sentencias incluyen la revisión de la licencia de obras otorgada en 2003 y una modificación efectiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para clasificar el suelo como "no urbanizable", conforme a lo establecido por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Demandas al Ayuntamiento y a la Junta
En su comunicado, el grupo ecologista ha instado a la colaboración entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras. Insisten en que este último debe acatar las resoluciones emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que buscan eliminar el hotel.
Desde Ecologistas en Acción han señalado que no debería ser complicado para el partido gobernante, ya que el PSOE tiene mayoría en el Ayuntamiento. Además, han destacado que parte de la solución también recae sobre la Junta de Andalucía, quien posee los terrenos tras ejercer su derecho de retracto y depositar más de 2,2 millones de euros para adquirirlos a Azata del Sol.
Revisión pendiente y cumplimiento normativo
La organización ha expresado su preocupación señalando que carece de sentido que una administración pública expropie a otra. Esto surge tras el anuncio realizado por María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno.
Junto a Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción había solicitado previamente una revisión oficial de la licencia concedida en 2005 debido al incumplimiento del PORN y la Ley de Costas. Greenpeace también había solicitado esta revisión, lo que resultó en una sentencia firme en 2022 que obligaba al Ayuntamiento a llevarla a cabo; sin embargo, aún se discute su ejecución en los tribunales.
Además, los ecologistas han demandado cambios en el PGOU para alinearlo con las directrices del PORN del Parque Natural. Existe una sentencia del TSJA desde 2016, ratificada por el Tribunal Supremo, que exige esta modificación. No obstante, hasta ahora estas resoluciones tampoco han sido cumplidas.
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