El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta a Laura Borràs, presidenta del grupo parlamentario de Junts, por el delito de prevaricación. Esta decisión se produce en un contexto donde la defensa había solicitado la aplicación de la amnistía, petición que ha sido rechazada por el alto tribunal.
Borràs fue condenada en 2022 por haber adjudicado de manera irregular contratos a una empresa vinculada a su exmarido cuando ocupaba el cargo de directora de la Institución de las Letras Catalanas. La sentencia del Supremo confirma así lo dictado anteriormente por la Audiencia Provincial de Barcelona.
Reacciones y contexto político
La resolución del Supremo ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Desde Junts, se han manifestado en contra de la condena, argumentando que se trata de una persecución política. Por su parte, los partidos opositores consideran que esta decisión es un paso hacia la justicia y el respeto al Estado de derecho.
Con esta confirmación judicial, se abre un nuevo capítulo en la carrera política de Borràs, quien ya había mostrado su intención de seguir adelante con sus actividades políticas a pesar del fallo. La situación plantea interrogantes sobre el futuro inmediato del partido y su estrategia ante el electorado.
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