PSOE interpelará a la consejera sobre la expropiación de El Algarrobico

Los parlamentarios andaluces del PSOE de Almería han decidido interpelar a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante el próximo Pleno del Parlamento. El objetivo es que explique los plazos en los que el Gobierno andaluz tiene previsto llevar a cabo los trámites necesarios para expropiar los suelos donde se ubica el hotel de El Algarrobico, facilitando así su demolición.

En una pregunta formulada y consultada por Europa Press, los diputados autonómicos del PSOE hacen alusión a las acciones recientes del Gobierno tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un acuerdo que declara la utilidad pública de los terrenos y bienes del hotel, situado en Carboneras, dentro del dominio público marítimo terrestre.

Interrogantes sobre la actuación de la Junta

Los parlamentarios Encarnación Martínez, Pilar Navarro, José Luis Sánchez Teruel y Mateo Hernández buscan conocer “cuándo va a proceder la Junta” a realizar las gestiones pertinentes sobre los terrenos que son competencia de esta administración. En particular, se refieren a la parte del hotel que se encuentra en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Es importante recordar que la Junta tiene la posibilidad de tomar posesión de las fincas donde se levantó el hotel, que cuenta con una veintena de plantas y 411 habitaciones. Esto podría hacerse mediante el derecho de retracto por un importe aproximado de 2,3 millones de euros, según lo estipulado en el artículo 249.17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta vía fue ejercida en 2006, pero no ha avanzado a pesar del consejo recibido por parte de los servicios jurídicos de la Junta.

Decisiones judiciales y futuras acciones

En diciembre de 2017, el Tribunal Supremo dictó sentencia indicando que la Junta debía recurrir a la vía civil contra las empresas Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder registrar oficialmente a su nombre las fincas correspondientes a El Algarrobico.

Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para declarar como utilidad pública ciertos bienes y derechos relacionados con los suelos donde se sitúa el hotel, amparándose en lo dispuesto en la Ley 22/1988, sobre Costas. Este paso es fundamental para avanzar hacia la adopción del acuerdo urgente sobre ocupación y otros hitos administrativos hasta llegar a la expropiación y posterior demolición del inmueble, construido en terrenos considerados judicialmente no urbanizables dentro del Parque Natural.

Costo estimado y responsabilidades compartidas

A pesar de que el Ejecutivo sostiene que el edificio está fuera del dominio público y ubicado en terrenos “privados”, también señala que parte corresponde a competencias de la Junta al extenderse más allá del límite establecido.

En un protocolo firmado en 2011 entre el Gobierno español y la Junta se acordó que sería el Estado quien financiaría la demolición del edificio, mientras que corresponde a la comunidad autónoma gestionar los residuos generados y restaurar los terrenos afectados. Se estima que este proceso podría costar hasta siete millones de euros.

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