El Secretariado Diocesano para las Migraciones (Sedim) ha manifestado su descontento ante la falta de respuesta de las administraciones públicas en relación al desahucio que afecta a aproximadamente 50 personas, incluyendo a nueve menores, que se llevará a cabo por orden judicial este martes en el cortijo privado El Uno, ubicado en el núcleo de San Isidro en Níjar. La crítica se centra en la ausencia de alternativas habitacionales para estas familias.
Desde la entidad han expresado su sorpresa e indignación por la inacción tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Níjar. Han recordado que “todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, subrayando así la responsabilidad de las instituciones en garantizar este derecho fundamental.
Solidaridad y repulsa ante el desalojo
En un comunicado respaldado por cinco entidades vinculadas a la Iglesia, Sedim ha mostrado su solidaridad con los residentes del cortijo El Uno, quienes enfrentan una situación que consideran como un ataque a su dignidad y derechos. “Nuestra repulsa ante el atropello de derechos que supone esta actuación”, han enfatizado desde la organización.
Además, han señalado que “sólo se puede pretender la erradicación del chabolismo si se facilita el acceso real a una vivienda digna y adecuada”, exigiendo que “no haya más desalojos sin realojo”. Este enfoque pone de relieve la necesidad urgente de soluciones habitacionales efectivas para las personas afectadas.
Compromiso con los derechos humanos
Sedim ha reafirmado su compromiso de “acompañar, servir y defender” a aquellos cuyas vidas se ven vulneradas. En este sentido, han destacado la labor del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Almería y otras organizaciones no afiliadas al Secretariado que también están trabajando en esta problemática.
La entidad también ha manifestado su intención de colaborar con otras organizaciones sociales, especialmente con la Mesa del Tercer Sector de Níjar, así como con iniciativas empresariales y administraciones públicas. Su objetivo es asegurar que siempre se priorice “la persona, su dignidad y sus derechos” en cualquier acción relacionada con estos temas.
Papel del Defensor del Pueblo Andaluz
Finalmente, Sedim ha reconocido el papel del Defensor del Pueblo Andaluz en la defensa de los derechos humanos y en la supervisión del trabajo administrativo. Esta postura ha sido respaldada por diversas organizaciones locales, entre ellas Cáritas diocesana de Almería y las Hermanas Mercedarias de la Caridad.
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