Inseguridad jurídica fiscal en España: preocupación de la Aedaf

La inseguridad jurídica se ha convertido en el principal desafío en materia fiscal para los contribuyentes de Almería y del resto de España, según la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). En un reciente encuentro que reunió a destacados expertos tributarios, su presidente, Bernardo Bande, expresó su preocupación por esta creciente problemática, la cual ha empeorado notablemente en el último año.

Bande subrayó la importancia de que los derechos de los contribuyentes prevalezcan sobre las exigencias de recaudación tributaria. Durante la inauguración de la XVIII Jornada Nacional de Estudio, el presidente de Aedaf hizo hincapié en que situaciones como las que enfrentan los autónomos, quienes aún no tienen claridad sobre si deberán tributar en 2025 bajo estimación objetiva o directa, son ejemplos palpables de esta inseguridad.

Derechos de los contribuyentes en riesgo

El líder de Aedaf también mencionó el retraso en la devolución del IRPF a los mutualistas jubilados como otra muestra preocupante. En sus declaraciones, enfatizó que es crucial garantizar que los derechos reconocidos por los tribunales no sean vulnerados por criterios económicos. “¿Qué garantías tienen los contribuyentes ante medidas arbitrarias en el futuro?”, cuestionó Bande.

En medio de este contexto, se han presentado casos relevantes como la aplicación del IRPF a quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), cuyo incremento este año ha sido superior al 4%, alcanzando los 16.576 euros brutos anuales. Sin embargo, Hacienda mantiene el umbral exento de tributación en 15.876 euros. Esta situación ha llevado a empresas a retener IRPF a trabajadores desde febrero, aunque una propuesta del PP busca que el SMI permanezca exento de impuestos.

Deducciones fiscales y nuevas medidas

A nivel local, también se encuentra congelada la prórroga de las deducciones fiscales por inversiones en eficiencia energética hasta finales del año. El Gobierno deberá aprobar nuevamente estas bonificaciones que oscilan entre el 20% y el 60%, dependiendo de las actuaciones realizadas.

Adicionalmente, persiste la incertidumbre sobre cómo se implementarán las futuras subidas impositivas dirigidas a sociedades y extranjeros que adquieran propiedades en España. Estas medidas fueron anunciadas por el presidente del Gobierno a principios del año, pero aún no se conocen detalles específicos al respecto.

Discriminación fiscal hacia no residentes

Las jornadas tributarias han coincidido con la decisión de Bruselas de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Comisión Europea considera que existe una discriminación fiscal contra los contribuyentes no residentes, quienes no pueden beneficiarse de ciertas ventajas fiscales aplicables a residentes cuando se trata del pago por tramos en ganancias patrimoniales.

Los contribuyentes residentes tienen opciones más flexibles para pagar impuestos sobre plusvalías generadas por activos transferidos, mientras que aquellos que residen fuera deben abonar la totalidad del impuesto al momento de la transmisión. Según Bruselas, esta diferencia crea una desventaja significativa para los no residentes frente a sus contrapartes locales.