La Audiencia Provincial de Almería ha decidido proseguir con la investigación judicial que busca aclarar un posible delito de prevaricación y contra los derechos cívicos, relacionado con unas supuestas contrataciones 'a dedo' en el Ayuntamiento. Estas contrataciones estarían vinculadas a personas del PSOE durante la gestión de la exedil socialista María López.
Según el auto emitido por la Audiencia, "de lo actuado se desprende la existencia de indicios de responsabilidad criminal y no se ha agotado la investigación". Este fallo responde a un recurso de apelación presentado por el concejal Álvaro Ramos, y ordena al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera realizar varias diligencias, incluyendo las declaraciones tanto del denunciante como de la denunciada.
Nueva fase en la investigación
Esta decisión se produce tras la suspensión en febrero de la citación para que declararan tanto la exprimera edil como el denunciante, debido a una posible nulidad en las actuaciones. La Audiencia no había podido analizar previamente la impugnación presentada por la denunciada, que finalmente fue desestimada.
En su último auto, dictado el pasado 18 de marzo, se subraya que no se puede archivar la investigación basándose únicamente en un informe pericial "de dudosa procedencia y justificación", elaborado por una persona sin titulación en Derecho. La Audiencia señala que el instructor solo considera una de las cuatro irregularidades potencialmente detectadas según la denuncia y documentación presentada por el concejal durante su periodo en la oposición dentro del grupo político Garrucha para la gente. Por ello, considera que su análisis es "incompleto" para cerrar el caso.
Indicios de irregularidades
Además, se destaca desde la Audiencia la "posible existencia" de varias contrataciones irregulares, no limitándose a una sola, como argumenta la defensa al justificar el procedimiento seguido para incorporar temporalmente a una trabajadora ya contratada en prácticas a la plantilla municipal.
Asimismo, se han encontrado indicios de un posible delito relacionado con la denegación de información al concejal sobre los procesos de contratación. Esta falta de claridad tampoco ha sido suficientemente investigada hasta ahora.
La Fiscalía también ha señalado posibles delitos contra los derechos cívicos debido a que, supuestamente, la exalcaldesa se negó a proporcionar información sobre las contrataciones amparándose en leyes de protección de datos.
Finalmente, la Audiencia revoca el sobreseimiento provisional del caso y remite nuevamente las actuaciones al juez instructor para que lleve a cabo nuevas diligencias que determinen si se archiva el caso o si avanza en el proceso judicial.
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