González Amador ha interpuesto una demanda por un total de 40.000 euros contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debido a sus declaraciones sobre las investigaciones penales que lo involucran.
El Tribunal Supremo llevará a cabo este jueves una audiencia previa para abordar esta demanda presentada por Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes jurídicas, no será necesario que acudan ni González Amador ni Montero, ya que sus respectivos abogados podrán representarles en la audiencia. En el caso de la ministra, su defensa estará a cargo de la Abogacía del Estado.
Aclaraciones y antecedentes del caso
La audiencia será pública y podría resultar en que la Sala de lo Civil decida el asunto sin necesidad de un juicio. Este procedimiento se lleva a cabo tras un acto de conciliación fallido que tuvo lugar el 2 de octubre, donde ni Montero ni los abogados del Estado asistieron con el fin de que la ministra se retractara de sus afirmaciones.
González Amador argumenta que sus derechos al honor han sido vulnerados por unas declaraciones realizadas por Montero el 12 de marzo durante una sesión de control del Gobierno en el Senado.
Las declaraciones controvertidas
En esa sesión, Montero cuestionó a Díaz Ayuso sobre su residencia, sugiriendo que estaba viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública", relacionado con comisiones sobre mascarillas durante la pandemia. Además, expresó su preocupación por los vínculos familiares de Ayuso con presuntos casos de fraude.
La vicepresidenta también instó a Ayuso a dar explicaciones sobre estas acusaciones, señalando su rapidez habitual para responder a otros temas. Esta reacción se produjo tras una información publicada ese mismo día por 'elDiario.es', donde se revelaba una denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros.
Posición del Ministerio Público
Fuentes consultadas indican que el Ministerio Público se opone a que el Supremo acepte la demanda presentada por González Amador contra Montero, quien tiene estatus aforado ante este tribunal.
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