Nueva demora en el juicio a la cúpula de Las Cuatro Vegas

El juicio contra miembros de la cúpula de la comunidad de regantes Las Cuatro Vegas, acusados de un delito ambiental, ha sido suspendido debido a la incomparecencia de los abogados de la defensa. La falta de presencia legal de los representantes legales de dos integrantes de la cúpula de la comunidad de regantes impidió el inicio del juicio en la audiencia de Almería.

La causa del aplazamiento del juicio se basa en la ausencia de los abogados de los acusados, lo que generó la necesidad de posponer la audiencia. La reanudación del juicio está programada para el 12 de febrero a las 10 de la mañana.

Los miembros de la cúpula directiva de la comunidad de regantes Las Cuatro Vegas enfrentan acusaciones de un delito ambiental relacionado con el uso de aguas residuales sin tratar. La audiencia, que busca determinar la responsabilidad en este acto, deberá esperar hasta la nueva fecha establecida para el inicio de la vista oral.

La comunidad de regantes Las Cuatro Vegas ha sido objeto de atención por el presunto delito ambiental, y la incomparecencia de los abogados hoy ha añadido un nuevo capítulo a este proceso judicial. La espera hasta el 12 de febrero marca la próxima oportunidad para que el juicio avance y se esclarezcan los hechos relacionados con el uso indebido de aguas residuales por parte de la cúpula de esta comunidad de regantes.

HECHOS JUZGADOS

La Fiscalía alega que durante un lapso de al menos 15 años, comprendido entre 2001 y 2016, la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, encabezada por su presidente y diez consejeros en distintos periodos, habría infringido repetidamente la obligación de aplicar tratamiento terciario de filtración y desinfección al agua proveniente de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Almería. Esta presunta falta de cumplimiento, según la Fiscalía, se debió a la omisión total o a la insuficiencia de los métodos aplicados, resultando en que el agua destinada a la irrigación no cumplía con los parámetros establecidos por la normativa sobre el uso de aguas residuales.

Adicionalmente, sostiene que a partir del año 2000, la comunidad de regantes tomó la decisión de ampliar la superficie autorizada para riego por la Confederación Hidrográfica del Sur. Para ello, según la Fiscalía, la comunidad comenzó a celebrar convenios de concesiones de agua con propietarios de pozos de aguas subterráneas, todo ello sin la debida autorización del organismo de la cuenca. La Fiscalía destaca que el agua proveniente de estos pozos se consideraba de calidad deficiente y correspondía a acuíferos que estaban siendo "sobreexplotados".

En total, la comunidad habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos que "carecen de título de aprovechamiento de agua", lo que significa que no cuentan con la debida autorización para la extracción de agua subterránea.