La Delegación territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, a través del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) y en colaboración con la Federación Gitana de Andalucía y el Colegio de Abogados de Almería, han puesto en marcha de un plan de asesoramiento a la comunidad gitana para garantizar su acceso a la Justicia en igualdad de condiciones y de sensibilización a los profesionales de la Abogacía, especialmente quienes prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita. Para ello se desarrollarán acciones de formación y divulgación específica a partir de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del Día de los Gitanos y las Gitanas Andaluces.
La delegada territorial de Justicia, Rebeca Gómez, ha defendido que “las administraciones y los operadores jurídicos debemos estar unidos para brindar a la comunidad gitana todos los recursos, desde el acceso a la justicia gratuita y el conocimiento de los servicios públicos a su disposición hasta abordar las necesarias acciones de sensibilización y formación que mejoren su atención dentro del ámbito jurídico.”
Gómez se ha reunido con representantes del SAVA y del Colegio de Abogados para diseñar un programa de acciones de sensibilización, divulgativas y formativas, dirigidas a la comunidad gitana, con el objetivo de brindarles herramientas para conocer sus derechos y acceder a los recursos judiciales de manera eficaz. A su vez, los abogados del turno de oficio recibirán formación específica para mejorar la comprensión y atención a los usuarios de la misma.
La delegada ha elogiado la implicación del Colegio de Abogados y del SAVA y ha afirmado que “nuestro objetivo no es solo ofrecer la asistencia jurídica gratuita, derecho que asiste con carácter universal a todas las personas que reúnan los requisitos establecidos en la ley, sino trabajar también la sensibilización necesaria para eliminar estereotipos y prejuicios que aún persisten”.
También ha hecho hincapié en que “este esfuerzo conjunto es una respuesta clara a la creciente necesidad de mejorar el vínculo entre las instituciones jurídicas y la comunidad gitana, reforzar su confianza en el sistema judicial para que denuncien situaciones de vulnerabilidad o discriminación que puedan sufrir”.
Así, las sesiones informativas se centrarán en la protección de derechos y en la creación de un entorno de diálogo abierto entre los usuarios de la comunidad gitana y los operadores jurídicos para fomentar el intercambio cultural, derribar prejuicios y garantizar así un trato igualitario a todos los ciudadanos, independientemente de su origen o condición.
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