El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería reanudó este jueves las declaraciones de los 17 investigados en el denominado Caso Mascarillas, una trama de presuntas comisiones ilegales en la compra de equipos de protección durante la pandemia de COVID-19. Entre los llamados a declarar destacan el exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Óscar Liria, y el actual alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, así como familiares de ambos.
La audiencia, que se prolongó desde las 10:00 hasta las 11:30 horas, centró su atención en las defensas de los implicados. Liria, expulsado del Partido Popular tras su detención en junio de 2021 por la Guardia Civil, reiteró su inocencia ante el tribunal, al igual que hizo meses atrás en una comisión parlamentaria en el Congreso que investigaba irregularidades en contratos públicos. El exresponsable político se limitó a responder durante media hora a las preguntas de su abogado.
Liria aseguró haber actuado siempre con “honestidad” y “rigor” en sus funciones, insistiendo en que veló por la legalidad “de forma escrupulosa” en los procesos administrativos. Además, desvinculó su trayectoria política de las acusaciones, mencionando incluso su intención de abandonar la vida pública para aspirar a gestionar una administración de Loterías del Estado. Respecto al dinero hallado en un vehículo relacionado con el alcalde de Fines y un hijo de este —previamente retirado del domicilio de Liria—, argumentó que se trataba de “ahorros familiares” de sus padres, negando cualquier origen ilícito.
Por su parte, Rodrigo Sánchez, cuyo nombre también figura en la investigación, habría estado presente durante el registro donde se localizaron los fondos. La trama investigada incluye presuntos favores en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas al suministro de mascarillas, aunque Liria descargó responsabilidades al afirmar que tales decisiones corresponden “exclusivamente a los técnicos”.
El caso, que estalló en plena crisis sanitaria, sigue bajo secreto de sumario, aunque se esperan nuevas diligencias en las próximas semanas. Mientras tanto, la repercusión política continúa, especialmente en el municipio de Fines, donde Sánchez mantiene su cargo pese a las sombras judiciales. La investigación avanza ahora hacia la contrastación de las declaraciones con las pruebas documentales y financieras recopiladas.
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