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El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, lleva unos seis años huido de la justicia española, que le reclama por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por su participación en el proceso independentista ilegal de 2017. Puigdemont se encuentra actualmente en Bélgica, donde ha evitado su extradición gracias a las trabas judiciales del país. Sin embargo, su situación podría cambiar si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve a favor de España el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión belga de no entregarlo.
Mientras tanto, muchos de sus compañeros en esa aventura delitctiva, han sido juzgados, condenados e indultados, pero Puigdemont y sus seguidores siguen reclamando una amnistía que les permita volver a España sin tener que rendir cuentas ante la ley, y aquí todos andamos debatiendo si se le debe otorgar esta medida de gracia, ya que podría ser la clave para que Pedro Sánchez contara con el apoyo de Juntx per Catalunya en su investidura como presidente. Pero, ¿Es posible que Puigdemont pueda beneficiarse de ella?
Qué es la amnistía y cómo se aprueba
La amnistía es una medida de gracia por la cual se elimina la existencia de determinados delitos y, por consiguiente, se retira la responsabilidad penal que podría pesar sobre sus autores. Afecta a una colectividad y supone el perdón total. Aquellos individuos a los cuales se les hubiera concedido, no tendrían antecedentes penales referidos a dichos delitos.
La amnistía necesita ser aprobada a través de una ley orgánica y contar con la mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Además, debe respetar los principios constitucionales y los tratados internacionales suscritos por España. En particular, no puede amparar los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura, que tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables según el Derecho internacional.
La última vez que se aprobó una ley de amnistía en España fue en 1977, durante la transición a la democracia. Su objetivo era eliminar algunos efectos jurídicos que pudieran hacer peligrar la consolidación del nuevo régimen. Por ello, incluía la amnistía de los presos políticos y un amplio espectro de delitos entre los que se encontraban actos políticos, rebelión, sedición y denegación de auxilio cometidos antes del día 15 de diciembre de 1976. De igual forma, también amnistiaba a las autoridades, funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o faltas durante la persecución de actos políticos o hubieran violado «los derechos de las personas».
Antes de seguir, insistimos en el detalle "no menor, es decir, mayor" -parafraseando a Mariano Rajoy- de que precisa la aprobación de una ley orgánica, y que para eso es imprescindible un respaldo en el Congreso con mayoría cualificada... a partir de ese dato, echen cuentas de como está la distribución parlamentaria, y si eso sería posible.
Por qué es prácticamente imposible que Puigdemont sea amnistiado
A la vista de lo anterior, resulta evidente que Puigdemont no cumple los requisitos para ser amnistiado. En primer lugar, porque los delitos que se le imputan son posteriores al 15 de diciembre de 1976 y no están incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía vigente. En segundo lugar, porque para aprobar una nueva ley de amnistía que le eximiera de responsabilidad penal se necesitaría el apoyo de una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados que es imposible. Partido Popular y Vox se oponen frontalmente a conceder cualquier tipo de gracia a los líderes independentistas que desafiaron al Estado de derecho. El PSOE junto a Sumar y los partidos nacionalistas e independentistas (ERC, JxCat, PNV y Bildu) no tienen suficientes escaños para sacar adelante una iniciativa legislativa. PP y Vox aún contaría probablemente con algunos otros votos más en su oposición a la ley.
Además, aunque hipotéticamente se lograra aprobar una ley de amnistía para Puigdemont y sus cómplices, esta podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulnerar los principios constitucionales y los tratados internacionales. En particular, podría argumentarse que los delitos de rebelión y sedición atentan contra la "soberanía nacional", la integridad territorial y el orden constitucional, que son valores superiores del ordenamiento jurídico español. Asimismo, podría alegarse que el delito de malversación de fondos públicos supone una vulneración de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, que son también derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Es posible que con el control que tiene el PSOE de estas instituciones, resolviera a su favor, pero tampoco eso está tan claro cuando la cuestión es tan evidente.
Qué busca Puigdemont con su exigencia de amnistía
Ante este panorama, cabe preguntarse qué busca Puigdemont con su exigencia de amnistía. La respuesta es que no se trata tanto de una demanda jurídica como de una estrategia política. Puigdemont sabe que la amnistía es inviable, pero la utiliza como un instrumento de presión y movilización de sus bases. Su objetivo es mantener vivo el conflicto con el Estado español y erosionar su legitimidad. Puigdemont no quiere que se le perdone lo que hizo, sino que se le reconozca que lo que hizo no fue delito. Es decir, que se legitime su proyecto independentista y se le permita volver a intentarlo sin temor a la ley.
Pero la dificultad legal para la amnistía parece que sirve más para el debate y el entretenimiento discursivo que para llegar a pactos reales sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con los votos de Junts per Catalunya. El partido de Puigdemont ha condicionado su apoyo a Sánchez a que se abra una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat en la que se aborde la cuestión de la amnistía y el derecho a la autodeterminación. Por ello, la investidura de Sánchez sigue en el aire y depende de las negociaciones entre los socialistas y los republicanos, que son más pragmáticos que los puigdemontistas.
En definitiva, la amnistía es una quimera jurídica y una trampa política. Jurídicamente, es imposible que Puigdemont sea amnistiado por los delitos que cometió en 2017. Políticamente, es una forma de mantener el pulso al Estado y de obstaculizar la solución del conflicto catalán. La única salida posible para Puigdemont es asumir su responsabilidad ante la justicia española y acatar las consecuencias de sus actos, como hicieron otros antes que él.
