Pedro Sánchez, con una creatividad que, sin duda, dejaría sin palabras hasta al más avezado guionista de Netflix, ha dado un paso que roza la pirueta, y no lo digo por el modo en que afina la semántica constitucional para distinguir entre transferencia, cesión o delegación de competencias. Resulta que el Gobierno socialista, en su afán por mantener la paz de los justos (léase: su mayoría parlamentaria), ha decidido entregarle a Cataluña las competencias en materia de inmigración, y no entraré en si es bueno, malo o regular, si es constitucional o no, sino en algo que es aún más peculiar: ni Cataluña la pidió, ni quien la negocia gobierna allí. Ah, España: tierra donde los pactos se tejen con hilos invisibles y las sorpresas las reparten como panfletos en época electoral.
Para entender el enredo, hagamos un repaso rápido: en Cataluña gobierna el PSC —sí, los socialistas, a cuyo frente hay un exministro del propio Sánchez— con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC). Es decir, el partido que en Madrid preside Sánchez es el mismo que lidera la Generalitat. Mientras, Junts, la formación de los seguidores de Carles Puigdemont, está en la oposición… tanto en Cataluña como en el Congreso. Pero hete aquí que Sánchez, en un giro digno de El Ministerio del Tiempo, ha pactado con la oposición catalana (Junts) una transferencia de competencias para… ¡la Cataluña gobernada por sus compañeros de partido y sin negociarlo con ellos!
¡A que es flipante!
La ironía es tan densa que podría cortarse con un cuchillo. El PSC catalán se estará frotando los ojos preguntándose en qué momento pidió más responsabilidades migratorias, Junts —que ni siquiera está en el gobierno autonómico— se anota un tanto en su pulso por demostrar que, desde la oposición, puede sacar réditos de un Gobierno al que desprecia. Y Sánchez, ¿qué gana? Unos votos prestados para seguir gobernando, claro. El problema es que este trueque tiene un precio, y no precisamente simbólico.
Insisto, lo que me parece más sorprendente es que el Gobierno catalán, siendo del mismo partido que Sánchez, reciba unas competencias que ni ha pactado, ni ha negociado.
Luego sí, está la pasta, porque para poder asumir esas competencias habrá que darles más dinero... y se lo daremos entre todos, sí, entre todos, como va a pasar con su deuda autonómica, que se mancomuna, que deja de ser de la Generalitat, de la Xunta, de la Junta, de la Comunidad... para repartirse equitativamente entre todos y cada uno de los ciudadanos.
Aquí viene otra jugosa: ¿Cómo explicar a un votante socialista de Extremadura o de Andalucía que su partido ha cedido competencias a Cataluña —gobernada por socialistas, atención— para contentar a un partido independentista que ni siquiera gobierna y no podrá aplicarlas? Es como ofrecer un paraguas a alguien que vive en el desierto y luego facturarle la lluvia. El coste político es obvio: en el resto de España, donde la palabra “cesión” suena a rendición, el PSOE podría encontrarse con que su electorado empieza a preguntarse si Sánchez gobierna para España o para su libreta de contactos en el hemiciclo.
En Cataluña, el presidente socialista, Salvador Illa, debe de estar buscando en Google Maps la ruta más corta para devolver una competencia que no ha pedido, pero tendrá que comerse. Porque, seamos claros: gestionar inmigración con los recursos actuales ya es un rompecabezas. Ahora imagina hacerlo con un regalo envuelto en un pacto que huele a cálculo electoral a kilómetros.
El Gobierno de Sánchez, después de la polémica de la deuda, pactada con Junts y no con el Gobierno de Cataluña ni con el de ninguna otra autonomía, se mete en este otro lío, y todo por mantener un equilibrio tan inestable como un castillo de naipes en un terremoto. Eso sí, si al final el Gobierno de Cataluña termina con más competencias de las que quiso y el PSOE con menos votantes de los que necesitaba, al menos podremos decir que la política española nunca defrauda… en lo impredecible.
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