Podemos lleva al Congreso la denuncia del SAT por irregularidades laborales en las obras del AVE de Almería

La diputada Martina Velarde eleva a Óscar Puente diez preguntas sobre los abusos laborales en las obras del AVE en Almería.

Sueldos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, jornadas laborales que exceden los límites legales, impago de horas extraordinarias, medidas fraude en la contratación, y una alarmante ausencia de prevención de riesgos laborales. Este es el día a día de las obras del AVE en Almería que ha denunciado el SAT y que Podemos ha llevado al Congreso con objeto de que el Ministerio de Transportes tome cartas en el asunto ante una “absoluta vulneración de derechos laborales”.

Las obras del AVE fueron adjudicadas por el Ministerio de Transportes a SACYR por un valor de 169 millones de euros en el tramo urbano de Almería y más de 3.000 millones en el tramo Almería-Murcia, lo que en opinión de Velarde “representa una de las mayores inversiones públicas en infraestructuras de las últimas décadas en Andalucía”.

En este sentido, Velarde ha exigido que “ lo mínimo e n una obra financiada íntegramente con fondos públicos es que se garantiza el cumplimiento riguroso de la legalidad laboral y el respeto más absoluto de los derechos de quienes trabajan”.

En el escrito dirigido al Gobierno, Velarde hace referencia a la complicidad de SACYR en estos abusos laborales, “ya que, el SAT llegó a reunirse con la empresa adjudicataria, llevando incluso a los trabajadores afectados por estos abusos”. Por tanto, “SACYR no puede alegar desconocimiento de estos hechos que denunciamos” ha señalado.

La diputada morada quiere saber, entre otras cuestiones, “qué mecanismos de control y seguimiento existen para garantizar que las empresas adjudicatarias y sus subcontratas cumplan con la legalidad laboral en proyectos financiados con dinero público”, así cómo “las medidas que piensa tomar el Ministerio de Transportes para sancionar a las empresas responsables de estos abusos laborales en una obra pública que cuenta con un presupuesto superior a los 3.000 millones de euros”.

Finalmente, Velarde ha exigido “la inmediata intervención de la Inspección de Trabajo ante un incumplimiento del Convenio y la normativa laboral”.