La polémica sobre los regadíos en Doñana tiene su origen en una iniciativa legislativa que busca regularizar la situación de cientos de hectáreas de cultivos que actualmente están fuera de la ley en el entorno del parque natural. Esta propuesta, impulsada por el PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, ha generado un gran conflicto político y social, así como el rechazo de ecologistas, científicos, la Comisión Europea y el Gobierno central.
Los defensores de la ley argumentan que no se trata de legalizar los regadíos ilegales, sino de declararlos como "regables con aguas superficiales", siempre que cumplan con unos requisitos legales y históricos. Además, aseguran que no se afectará al acuífero de Doñana, sino que se utilizarán las aguas excedentarias de otras cuencas, cuyas infraestructuras están pendientes de construir por parte del Gobierno de España.
Los detractores de la ley denuncian que se trata de una amnistía encubierta para los agricultores que han expoliado el agua del parque natural, poniendo en riesgo su biodiversidad y su equilibrio ecológico. También advierten que la ley incumple las directivas europeas de protección ambiental y que puede acarrear sanciones millonarias para España. Asimismo, cuestionan la viabilidad de los trasvases de agua superficial y la falta de control sobre los usos del suelo.
¿Legalización o regularización de los regadíos?
¿Qué hay de cierto en estos argumentos? ¿Se trata de legalizar o regularizar los regadíos? ¿Qué consecuencias tendría esta ley para el medio ambiente y para el sector agrícola? A continuación, intentaremos aclarar algunas claves de este complejo conflicto.
- No es lo mismo declarar un suelo como “regable con aguas superficiales” que legalizar un regadío que está fuera de la ley. Si la ley se aprueba, las explotaciones agrícolas que estén extrayendo agua ilegalmente del acuífero de Doñana seguirán siendo ILEGALES. Nada de amnistía. La propuesta es que siempre que esos terrenos acrediten derechos históricos en materia agrícola y un título legal respecto a la ocupación del suelo, puedan obtener la calificación de “suelo regable con aguas superficiales”. Se estudiará caso a caso.
- Esa calificación les permitiría pedir una concesión de agua a la administración competente (la inmensa mayoría a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio) siempre que haya disponibilidad de aguas superficiales, JAMÁS del acuífero de Doñana. Hoy esas aguas no están disponibles porque la infraestructura que había de trasvasar el agua excedentaria desde la cuenca del Tinto-Odiel a la cuenca del Guadalquivir no está hecha. Lo grave es que Pedro Sánchez se comprometió en 2018 por ley a construir esas canalizaciones.
- Hablamos de terrenos que NO ESTÁN en Doñana, ni en el Parque Nacional ni el Parque Natural. Están a 30-40km del mismo. En el 2014 el PSOE impulsó un plan que sí regularizó más de 9.000ha que hoy extraen agua del acuífero. Hoy hablamos de unas 700ha que nunca regarían con el agua de Doñana.
- En resumen: ni se legalizan regadíos ni por supuesto es en Doñana. Pero no quieren que se hable de lo realmente grave, la falta de planificación hídrica en España y los incumplimientos del Gobierno de Sánchez con las infraestructuras hídricas en Huelva.
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