El Gobierno de Sánchez sigue haciendo oídos sordos a las demandas de los regantes y los agricultores que sufren la escasez de agua y la falta de inversiones en infraestructuras hídricas, lo que contrasta con las alegrías expresadas por la ministra portavoz Isabel Rodríguez cuando estuvo en Níjar hace unos días respaldando a la alcaldesa Esperanza Pérez. Los datos expuestos por el diputado del Partido Popular por Almería, Juan José Matarí, en una pregunta que le ha formulado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados, lo ponen de manifiesto.
Matarí ha recordado que en dos años y medio, con más de quinientos cincuenta millones disponibles "sólo están en ejecución dos de las ochenta y dos obras de modernización de regadío comprometidas" y ha ironizado con que "cada año presentan presupuestos históricos, que luego no se ejecutan", poniendo como ejemplo el caso de Almería, donde "en 2021 invirtieron solo el 4% de los presupuestado, cinco años esperando la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora".
Además, el diputado ha entrado en la polémica sobre los regadíos de Doñana y ha preguntado "por qué no hacen la obra que son de su competencia, la presa de Alcolea, la base de los ríos Tinto y Odiel, las conducciones de Rules, las conducciones de Siles, y tantas otras". También ha criticado al ministerio por haber "destruido 108 presas en 2021" .
No puede decirse que el Gobierno de Sánchez haya sido un aliado de la agricultura almeriense, porque tras ser derogado el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro, tras anunciarnos montones de desaladoras, pues resulta que éstas o no han llegado, o lo han hecho a medias, o su agua es tan extremadamente cara -lo que no resuelve ni la subvención parcial de su precio- que resulta otro golpe a los productores.
No sé si es falta de sensibilidad con el sector agrario, o sencillamente incapacidad para gestionar el agua como un recurso estratégico para el desarrollo económico y social del país en general, y más concretamente de Almería. Su política hídrica pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones agrarias y la seguridad alimentaria de los españoles.
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