El envejecimiento de la población, el descenso de la tasa de natalidad y las consecuencias del éxodo del campo a la ciudad desde mediados del siglo XX han hecho saltar las alarmas en España y Europa. Se podría pensar que este problema no va con Andalucía, cuya extensión territorial supera la de varios países europeos, es la comunidad más poblada de España (más de 8,6 millones de habitantes, el 18% de la población nacional) y, a diferencia de otros territorios, sigue creciendo (1,3 millones más en la última década). Pero lo cierto es que la comunidad ni es ajena a las tendencias demográficas generales ni su crecimiento actual es equilibrado.
Granada y Almería concentran más de la mitad de los municipios prioritarios en la primera Estrategia con la que cuenta la comunidad, pero centrándonos en la nuestra, la Junta de Andalucía presta atención concreta a Albanchez, Alboloduy, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Bacares, Benitagla, Benizalón, Bentarique, Canjáyar, Castro de Filabres, Cóbdar, Chirivel, Fiñana, Líjar, Lubrín, María, Ohanes, Oria, Padules, Rágol, Velefique, y LasTres Villas
Por ello la Junta se ha puesto manos a la obra y ultima una Estrategia frente al desafío demográfico, una hoja de ruta basada en un exhaustivo diagnóstico previo con un gran objetivo general que es alcanzar los 10 millones de habitantes y la renta media per cápita del país (30.000 euros) y varios objetivos específicos para llegar a eso, entre ellos, reducir en un 80% la pérdida de habitantes que han registrado en la última década 95 puntos marcados en rojo en el mapa mediante medidas transversales.
Son las localidades definidas en el borrador de la Estrategia, que está expuesto a información pública para recibir aportaciones hasta el 20 de abril, como de “acción preferente”. El primer escalón en el que se han dividido los municipios andaluces que, en mayor o menor medida, llevan años perdiendo vecinos de una manera lenta pero progresiva.
Son vecinos que, en su mayoría, no se van de Andalucía, pero migran a zonas que también tienen problemas demográficos que la Estrategia persigue atajar, tales como tener que dar servicio a una población cada vez mayor que, en algunos casos, crece a un ritmo más rápido del que pueden asumir.
Y es que el diagnóstico previo elaborado para diseñar esta Estrategia, que coordina la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública pero que implica a todo el Gobierno andaluz, revela que en Andalucía no existe un problema generalizado de despoblación, pero sí un reparto desequilibrado de los habitantes en el territorio.
La mitad de los andaluces reside en una treintena de capitales y grandes ciudades, pero en ninguna de ellas vive más del 20% de la población total, cuando en comunidades como Aragón solo su capital, Zaragoza, concentra a más del 51% de todos sus habitantes.
Además, una de las características propias de Andalucía es su importante red de ciudades medias que cohesionan buena parte del territorio de forma que en 253 municipios reside otro 22,4% de la población.
Pero dado el tamaño de nuestra comunidad, con 785 municipios (entre los que se reparten 5.671 núcleos de población como Entidades Locales Autónomas, aldeas, pedanías y núcleos diseminados)-, la mayor parte del territorio es rural y hay 337 municipios (casi el 43% del total) en los que solo vive el 8,9% de los andaluces, la mayoría municipios pequeños de comarcas de interior y sierra.
La falta de servicios, entre el mito y la realidad
Son municipios que, en contra de lo que se suele pensar y precisamente por la importancia de las ciudades medias en la comunidad, no tienen tan lejos como se cree las grandes vías de comunicación, los hospitales, centros de salud y de urgencias, los colegios e institutos o servicios sociales esenciales que, no obstante, la Estrategia frente al desafío demográfico también prevé acercar aún más.
¿Por qué entonces si tienen servicios y una calidad de vida envidiable respecto a las grandes urbes el 55% de los municipios andaluces pierde población desde hace más de diez años? Los expertos que están trabajando con la Junta en el diseño de la Estrategia coinciden en que influyen varios factores. Uno de ellos es esa imagen negativa sesgada que atribuye al mundo rural una falta de equipamientos y servicios no siempre real. Y otro la falta de una cultura del progreso y el desarrollo en el propio pueblo, ese “el niño tiene que irse fuera porque aquí no hay oportunidades”.
No obstante, sí hay problemas concretos, como la falta de vivienda disponible, o casas abandonadas que requieren costosas reformas. Y décadas de falta de iniciativas para impulsar proyectos que ofrezcan oportunidades de emprendimiento y laborales para que los jóvenes se planteen quedarse en su pueblo sin renunciar por ello una trayectoria profesional con futuro que colme sus legítimas aspiraciones.
Allí donde sí se ha hecho ese trabajo, con fórmulas innovadoras que además aprovechan las posibilidades endógenas, la sangría demográfica se ha frenado, con ejemplos con el del Benarrabá (Málaga) y sus cabras bombero o Santiago de Calatrava (Jaén) y su exitosa iniciativa de convertir la antigua casa cuartel de la Guardia Civil en viviendas alquiladas por 30 euros a familias con hijos menores.
No hay que olvidar que las nuevas tecnologías hoy permiten que muchas actividades profesionales se puedan desempeñar a distancia. La extensión del teletrabajo tras la pandemia del COVID, que también ha aumentado el interés por vivir en entornos más saludables y naturales, ha hecho surgir en toda Europa un nuevo perfil de nómadas digitales interesados en la calidad de vida que ofrece la Andalucía rural.
Además de fijar la población al territorio es clave atraer nuevos vecinos porque el envejecimiento de la población generalizado en todo el mundo occidental también acecha a Andalucía. De hecho, el crecimiento de la población en la comunidad no obedece a un saldo vegetativo positivo sino al fenómeno migratorio. Una migración que, regulada y ordenada, supone una oportunidad.
Con estas premisas, el borrador de la Estrategia frente al desafío demográfico señala los municipios en los que hay que centrar las medidas destinadas a frenar la despoblación y los divide en tres grupos según su prioridad, teniendo en cuenta la densidad de población, la tasa de crecimiento poblacional y vegetativo, el índice de envejecimiento y de dependencia, la tasa migratoria y la edad media de la población.
En base a esos criterios, se han identificado 95 municipios de acción preferente, de los que más de la mitad se concentran en Granada (la provincia andaluza con mayor número de entidades locales) con 30 y Almería, con 22. El resto se reparten entre 15 en Córdoba, 11 en Jaén, 9 en Huelva, 5 en Málaga y 3 en Sevilla. Cádiz es la única provincia en la que no se ha detectado ningún municipio en esta situación, pese a que la capital sí es una de las que pierde habitantes.
En un segundo escalón, la Estrategia incluye a 208 municipios de prioridad media y en el tercero otros 156 con prioridad baja. El reto es que, en 10 años, es decir para 2035, consigamos frenar la pérdida de población en el 80% de las zonas afectadas para que estos municipios sobrevivan y las grandes capitales, las zonas costeras o el Valle del Guadalquivir no se saturen porque sigan recibiendo a los vecinos que vacían la Andalucía rural y sean los únicos focos de atracción para la población migrante.
Adelantarse al problema
Son objetivos que el propio consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha definido como “ambiciosos pero posibles” sobre todo porque Andalucía ha comenzado a trabajar antes de la situación límite que sufren otras comunidades. El Gobierno de Juanma Moreno se ha adelantado a estos problemas al incluir por primera vez en la estructura de la Junta un centro directivo con competencias específicas en materia de reto demográfico: la secretaria general de Administración Local que dirige María Luisa Ceballos, con una amplia trayectoria municipalista como alcaldesa de Priego de Córdoba y presidenta de una Diputación provincial.
No obstante, el Ejecutivo andaluz tiene claro que el reto demográfico es un asunto transversal que compete a todo el Gobierno. Por ello, uno de los ejes principales de la Estrategia diseñada es incluir la perspectiva demográfica en todas las políticas públicas para promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio andaluz y analizar su impacto en los entornos rurales.
Hace años las administraciones públicas se pusieron las gafas moradas para definir sus acciones con perspectiva de género y la Agenda 2030 ha introducido la importancia de la perspectiva medioambiental para garantizar un desarrollo sostenible. Pero éste pasa también por un equilibrio entre territorios y la igualdad de oportunidades no solo entre unos países y otros o entre las comunidades de un mismo país sino entre las zonas urbanas y rurales de una misma región, en este caso Andalucía.
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