La condena a Marine Le Pen por malversación de fondos europeos en beneficio de su partido, ha provocado un torbellino de reacciones en la extrema derecha mundial, desde Orban (ese caballo de troya putiniano) a Musk (ese personaje que cuanto más se le conoce, más sorprende que sea millonario), y aquí no podía faltar Vox, que ha denunciado que esta decisión judicial no es más que un intento de evitar que la líder de Agrupación Nacional pueda competir con garantías en las próximas elecciones francesas. Resulta llamativo que aquellos que suelen exhibir un discurso de mano dura contra la corrupción y el despilfarro de lo público, ahora vean en esta sentencia una maniobra política en lugar de una resolución basada en hechos probados, porque no se oye a nadie cuestionar los hechos, sino las consecuencias judiciales de éstos.
Este argumento, sin embargo, no es exclusivo de la extrema derecha. En España, el PSOE ha defendido a capa y espada a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el monumental fraude de los ERE, donde se malversaron más de 600 millones de euros de dinero público. Desde el PSOE se repitió hasta la saciedad que la causa contra ellos no era más que una estrategia judicial impulsada por la derecha para lograr en los tribunales lo que no podía ganar en las urnas.
Por eso, cuando el PSOE ha tenido poder suficiente, los ha desagraviado en el Tribunal Constitucional, porque son de los suyos, enmendando a más de una decena de jueces y fiscales que hasta ese momento les había culpado.
En el independentismo catalán, la historia se repite. El entorno de Carles Puigdemont ha insistido en que su procesamiento y el de otros líderes separatistas por malversación no es más que una persecución política disfrazada de legalidad. Según esta visión, los tribunales estarían al servicio de intereses políticos del Estado, con el fin de inhabilitar a un adversario que representa la voluntad de una gran parte de la ciudadanía catalana.
De nuevo aquí el PSOE ha hecho lo que ha podido, que ha sido indultar a unos, amnistiar a otros, y entremedias, modificar el Código Penal. Todo por mantener en La Moncloa al presidente Pedro Sánchez.
Pero el problema no acaba ahí. Cuando la trama Gürtel salpicó al Partido Popular, desde sus filas se denunció que la justicia estaba siendo utilizada como un arma política por el PSOE, que presionaba a jueces y fiscales para hundir a esta formación. En este caso el PP no llegó a tanto, y acotó la palabra "imputado" para que en las fases iniciales de los procesos se usase "investigado", y reducir el sambenito de sus cargos públicos.
Es decir, la misma cantinela de siempre: cuando una sentencia favorece, es el triunfo de la justicia; cuando perjudica, es una conspiración.
Se da la circunstancia de que con la reforma del Código Penal hecha por Sánchez, la malversación de dinero público deja de ser un delito grave cuando el desvío de fondos no tiene un beneficio personal directo, por lo que lo que ha hecho Marine Le Pen en Francia, pagar con dinero público su seguridad privada y otros gastos, en España dejaría de ser un delito punible con severidad si se demuestra que el dinero no acabó en su bolsillo. Al PSOE se lo reclamó Junts, y se acabó beneficiando Chaves. El mensaje implícito es escalofriante: malversar dinero público no está tan mal si es para el partido y no para uno mismo (cuanto ese "uno mismo" vive del partido, por lo que en realidad, sí es para "uno mismo").
Lo peor es que el ciudadano medio, ajeno a esta casta política que se blinda con reformas a su medida, sigue pagando las consecuencias de esta corrupción normalizada y relativizada. Robar es robar, ya sea para uno mismo o para la causa, pero en la España actual parece que la moralidad depende del color político del condenado.
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