Antas es un municipio tranquilo de la provincia de Almería, con poco más de 3.000 habitantes, que en los últimos años ha sido escenario de varios episodios de violencia y odio protagonizados por un grupo xenófobo autodenominado Antas Klan. Este grupo, formado por jóvenes radicales de extrema derecha, se dedica a agredir, amenazar e insultar a los ciudadanos magrebíes que residen o trabajan en la zona, así como a cualquier persona que se oponga a sus ideas.
El líder de este grupo es D.C.S., conocido como El Sangre, un individuo con numerosos antecedentes penales por delitos similares, además de otras conductas delictivas. Esta misma semana, la Audiencia Provincial de Almería le ha impuesto una condena de tres años y tres meses de cárcel por un delito de incitación al odio y por un delito de humillación, ambos por motivos discriminatorios. El Sangre es el administrador de varios perfiles en redes sociales radicalizados de extrema derecha, y el dinamizador de una grada de fútbol de la UD Almería con el mismo perfil ideológico.
Pero esta condena no parece haber frenado su actividad delictiva, ya que el pasado 23 de julio fue detenido junto a otros cinco miembros del Antas Klan por agredir a policías locales que prestaban servicio durante las fiestas de Aljariz, una pequeña pedanía de Antas. La agresión fue grabada en vídeo y difundida por internet, lo que permitió identificar a los presuntos autores. A los detenidos se les imputan los delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia, alteración del orden público y amenazas.
Este no es el único caso de violencia racista que ha protagonizado el Antas Klan. En junio del año pasado, la Guardia Civil desmanteló uno de sus cuarteles, donde se encontraron armas blancas, bates de béisbol, banderas nazis y material propagandístico. También se les acusa de traficar con drogas para financiar su actividad5. En 2018, El Sangre fue condenado a nueve meses de prisión por amenazar con prender fuego a su vivienda y por agredir a un musulmán.
Estos hechos son inaceptables en una sociedad democrática y plural como la nuestra, donde todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en paz y libertad, sin importar su origen, religión o ideología. Es necesario atajar cuanto antes este tipo de comportamientos que fomentan el odio y la violencia, y que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad. Las autoridades deben actuar con firmeza y aplicar todo el peso de la ley contra estos grupos radicales que pretenden imponer su visión intolerante y excluyente del mundo. Los ciudadanos también debemos mostrar nuestro rechazo y nuestra solidaridad con las víctimas de estas agresiones, y defender los valores democráticos que nos unen como sociedad.
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