La sanidad pública andaluza vive una contradicción alarmante. Los datos oficiales —reconocidos incluso por la oposición— confirman que hoy hay más personal sanitario (médicos, enfermeros, técnicos) y más recursos materiales que nunca. Los salarios han mejorado, las herramientas digitales se han multiplicado y, pese a ello, las listas de espera en atención primaria siguen creciendo. Los ciudadanos se ahogan en un laberinto de citas imposibles, mientras el sistema se defiende con estadísticas que, aunque ciertas, no calman la frustración diaria. ¿Cómo es posible que, con más medios humanos y materiales, el acceso sea cada vez más difícil?
El Gobierno andaluz presume de reducir las listas de espera quirúrgicas, pero este avance es relativo. Para llegar a una operación, primero hay que superar el cuello de botella de la atención primaria, donde el colapso es ya crónico. Y aquí surge la primera pregunta incómoda: si hay más personal sanitario contratado, ¿por qué los centros de salud no logran absorber la demanda? No basta con aumentar plantillas; hay que garantizar que lleguen a las zonas más saturadas, donde faltan profesionales. Además, no es solo cuestión de números: un sistema digital mal implementado o una burocracia asfixiante pueden convertir más recursos en menos eficiencia.
Un ejemplo claro son las herramientas tecnológicas, diseñadas en teoría para agilizar trámites, pero que en la práctica generan nuevas barreras. Muchos ciudadanos denuncian que, al buscar cita por la aplicación móvil o la web, el sistema responde con un “no hay disponibilidad”. Sin embargo, si acuden presencialmente al centro de salud, consiguen citas para el mismo día o el siguiente. ¿Por qué esta disparidad? ¿Fallos técnicos? ¿Reservas de cupos para atención física? Peor aún: si no hay citas en tu centro, ¿por qué la aplicación no sugiere alternativas en otros centros cercanos con disponibilidad? Estas incoherencias revelan una digitalización mal ejecutada, que repite errores analógicos en formato virtual.
Se ha dicho que hay una “privatización silenciosa” del sistema, pero los datos desmienten parte de este relato: con el actual gobierno del Partido Popular, el gasto en conciertos sanitarios es menor que en la etapa socialista. Sin embargo, sigue existiendo una dependencia preocupante de la sanidad privada para reducir listas quirúrgicas. Esto plantea un dilema: si la pública no logra resolver sus problemas estructurales, incluso con más presupuesto y personal, ¿estamos externalizando soluciones en vez de fortalecer lo propio? El riesgo es que, a largo plazo, esta dinámica debilite aún más al sistema, aunque hoy parezca un parche útil.
El gran vacío es la falta de un plan auditable y concreto para analizar la situación real del sistema. No basta con aumentar recursos; hay que auditar cómo se usan, detectar fallos y corregirlos.
Sin un diagnóstico transparente, las soluciones son parches. Y sin planes a medio plazo, la oposición —sea cual sea su color— usará el malestar como arma política, en vez de aportar ideas. La sanidad es demasiado importante para reducirla a un debate de cifras o eslóganes.
La ciudadanía no necesita más datos inconexos, sino explicaciones honestas. Si hay más personal pero menos acceso, ¿dónde están los cuellos de botella? Si la tecnología no funciona, ¿por qué no se corrige? Si faltan médicos de familia o pediatras, ¿qué incentivos se proponen para formarlos y atraerlos?
Andalucía merece un debate sereno y profundo sobre su sanidad, lejos de la polarización. Que los partidos expliquen, con transparencia, qué priorizan: ¿inversión en tecnología útil o en pantallas? ¿Refuerzo de primaria o de quirúrgica? ¿Gestión pública o dependencia de privados?
La solución no está en negar los avances —que los hay—, ni en ocultar los retrocesos. Porque cuando un ciudadano no puede ver a su médico, ninguna estadística lo consuela.
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