El Defensor del Pueblo Andaluz ha presentado el 27 de julio una queja de oficio ante la Junta de Andalucía para conocer el estado del Castillo de San Pedro en Níjar, según ha conocido Noticias de Almería.
El Defensor ha prestado atención al estado de conservación y régimen de protección del Castillo San Pedro de la localidad de Níjar, que ya fue motivo de una intervención anterior a través de la queja 18/145. Dicha queja fue concluida en base a las información ofrecida desde la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería, que pasamos a transcribir a continuación:
“El 11 de diciembre de 2017 esta Delegación tuvo conocimiento del Auto nº 617/2017 dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería por el que se levanta la suspensión cautelar de la Resolución de 3 de abril de 2014 de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería por la que se requiere a los propietarios la realización de actuaciones prioritarias en el inmueble.
De acuerdo con el referido AUTO, se reanuda el plazo o en las condiciones previstas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, artículo 23 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, y los artículos 97 a 105 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dará lugar a la ejecución forzosa, bien mediante la imposición de multas coercitivas, o bien proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas, con cargo al obligado a su realización”
Algunas informaciones hacían mención a la situación de riesgo que sufre este elemento y que persisten, por lo que se preveían acometer las actuaciones decretadas para el pasado mes de Junio a cargo del titular el inmueble. En ese sentido señala que "Más allá de dichas informaciones, creemos oportuno conocer con mayor detalle el estado del BIC y sus elementos así como de las medidas de conservación y proyectos que se han determinado en favor de este elemento histórico".
Por ello, "hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio" al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería, a fin de conocer:
-Estado de conservación del inmueble declarado BIC “Castillo de San Pedro”, en Níjar.
-Relación de intervenciones decretadas y proyectos ejecutados, así como sus calendarios previstos.
-Medidas adoptadas para la ejecución y cumplimiento de las intervenciones establecidas por esa Delegación ante el titular del BIC.
Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, "la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura".
En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección. Sin duda, en determinadas comarcas y localidades de Andalucía, esta tarea compleja e ingente adquiere la dificultad de la alta concentración de este patrimonio histórico y monumental. Tal es el caso, sin lugar a dudas, de la provincia de Almería, en concreto en entorno de Cabo de Gata-Níjar.
Es conocida la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de este territorio. Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura. Estas quejas han abordado situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc. lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.
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