La reciente reactivación del llamado caso mascarillas, que implica a un exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, vuelve a poner sobre la mesa más interrogantes que respuestas. Lo peculiar no es solo la resurrección judicial de un asunto que llevaba años paralizado, sino el contexto turbio que lo rodea desde su origen, así como las sospechas de que su trascendencia mediática supera con creces su sustancia jurídica.
El caso nace, paradójicamente, de una investigación ajena. En 2020, un juzgado de Barcelona indagaba un presunto tráfico internacional de drogas cuando, en una escucha telefónica, apareció una conversación sobre la venta de mascarillas a la Diputación de Almería. Aquel hilo se tiró y derivó en una investigación paralela por posible malversación. Sin embargo, aquí surge la primera duda: ¿es legal que una pesquisa sobre narcotráfico mutara en una causa por contratación pública sin conexión clara con el delito original? La Fiscalía podría estar incurriendo en una investigación prospectiva, es decir, indagar delitos nuevos a partir de pruebas obtenidas para otro fin, práctica que muchos juristas consideran abusiva y contraria a los principios de especialidad judicial. Pero no entraremos en ello, porque si los imputados no lo han hecho, no vamos a ser nosotros quienes nos metamos en honduras judiciales, cuando lo único que buscamos es apuntar lo extraño del origen del caso.
Tras las primeras detenciones en 2020 —con excarcelaciones inmediatas—, el caso quedó en un limbo. Ni avances, ni archivo. Hasta ahora. La decisión del tribunal de retomar declaraciones la semana pasada, sin explicar qué ha cambiado para justificar este movimiento, alimenta la percepción de extrañeza. ¿Qué novedades ha habido para que ahora, no hace dos meses ni dentro de tres, se avanzara?
Hasta ahora, no hay evidencias de que la Diputación actuara ilegalmente en la compra de mascarillas. Al contrario: los datos revelan que la empresa investigada ofreció precios casi un 50% más bajos que otra proveedora invitada al concurso. Es decir, la administración eligió la opción más económica, cumpliendo con la ley de contratos. El supuesto delito, según la Fiscalía, radicaría en un posible enriquecimiento ilícito de los vendedores, lo que se complica teniendo en cuenta que la otra oferta era más cara.
Aquí yace el meollo: la insistencia en vincular el caso a la esfera política. El exvicepresidente implicado pertenecía al PP, y fue destituído inmediatamente de sus cargos y presionado para dimitir. Solo la posibilidad de que pudiese haber mediado en beneficio propio, es decir, a cambio de una comisión, justificaría su situación procesal, y por ahí parecen ir los tiros, pero es algo ajeno tanto al Partido como al entorno institucional, circunscribiéndose al propio imputado y su entorno familiar.
Lo que sí ha quedado claro es que las comisiones de investigación parlamentarias —tanto en Almería como en el Congreso— han demostrado su inutilidad. En ellas, los imputados pueden negarse a declarar, y así lo hacen, y los dictámenes finales suelen reflejar mayorías políticas, no hechos. En Almería, con mayoría del PP y Ciudadanos en aquel momento, se determinó que todo había sido absolutamente correcto; en Madrid, en la del Congreso que era genérica pero que también contó entre los declarantes con almerienses por este sumario, con mayoría de la izquierda, todo había sido una gran estafa. En fin.
El caso mascarillas parece navegar en aguas pantanosas. Su resurgimiento sin motivos claros, su origen espurio y la ausencia de indicios graves de corrupción institucional lo pintan más como un guion político-judicial que como una causa de peso. Esto no exonera a los posibles implicados de rendir cuentas, pero exige prudencia: la justicia debe actuar con rigor, no como herramienta de desgaste.
Mientras, las comisiones de investigación siguen siendo un teatro donde prima la polarización. Urge reformarlas para garantizar neutralidad y eficacia. Por ahora, este caso sirve como recordatorio de que, en el cruce entre política y justicia, la opacidad suele beneficiar a quienes prefieren el ruido a la verdad.
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