Comienzo este artículo, relatando de forma sucinta lo recogido en el acta del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el día 10 de marzo de 2022:
“De los Grupos Parlamentarios socialista y vasco (EAJ-PNV), relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente con el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Número de expediente 162/000950.
La señora Presidenta: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente con el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa). Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 277 más 9 votos telemáticos, 286; en contra, 49 más 2 votos telemáticos, 51; abstenciones, 1 más 1 voto telemático, 2.
La señora Presidenta: Queda aprobada. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Republicano, de algunas señoras y señores diputados de los grupos parlamentarios Mixto y Plural, y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).”
El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Número 166, páginas 54 y 55, de fecha 10 de marzo de 2022. De los 350 diputados solo asistieron presencialmente o telemáticamente 327. Faltaron 23 diputados. Y de los 327, 286 fueron a favor, 51 en contra y 2 abstenciones. Muchos de ellos, de los del voto a favor y abstenciones por ausencia justificada o no, no dejan de hacer “levantás” a los pasos de Semana Santa y presidir las ceremonias religiosas litúrgicas católicas, incluso han estudiado en colegios privados o concertados religiosos, y han continuado sus estudios en institutos y universidades privadas con un carisma religioso católico.
Pues bien, el académico Defensor del Pueblo, de manifiesta ideología y creencias, hizo entrega, en forma de tesis doctoral, el día 27 de octubre, a la presidenta de las Cortes Generales, del “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”. El Informe cuenta con 777 páginas, muy pocas, tristemente, sí se hubiese hecho con una perspectiva didáctica y metodológica integral.
El Defensor del Pueblo, señala, así lo hace constar en la introducción del Informe, que “se trata de un Informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”. Pone de relieve la importancia que las víctimas han tenido en todo momento a la hora de abordar los trabajos que ahora concluyen. “Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”.
Es de interés el párrafo que se recoge por su alto significado para quienes son garantes del ordenamiento jurídico, en el sentido que, los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica.
No solo de la Iglesia Católica, sino en todos los ámbitos y sectores públicos y privados. No se puede hacer un análisis desde la praxis científica sobre el suicidio en la sociedad española, y que el Parlamento solo apruebe realizarlo para aquellas muertes que se producen en la comunidad universitaria privada, dejando al margen los que ocurren en las universidades de titularidad pública.
Y por supuesto, me parece muy bien las veintena de recomendaciones, incluso, algunas más, que mitiguen con misericordia y compasión, con consuelo y esperanza, el dolor de las víctimas y familiares, y prevenir o, al menos, que la sociedad en su conjunto tome conciencia y actuar con la mayor eficacia, eficiencia y celeridad en la sociedad española ante hechos dramáticos, vergonzosos, cuyos autores, cómplices y encubridores solo merecen el presidio permanente, ya que, desde el Misterio de la Fe, ellos mismos han decido ir directamente al Infierno, no existe perdón alguno.
Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. S. Lucas 17:2
Hace unos días se reunió con carácter extraordinario la Conferencia Episcopal Española, y entre los asuntos del orden día, los obispos han valorado el informe del Defensor del Pueblo, quien fue invitado a asistir a esta reunión del episcopado español, pero declinó participar por motivos personales, cuestión muy respetable pero hubiese sido de suma importancia su asistencia para haber podido contrastar y discernir sobre el informe evacuado.
En este sentido, los prelados con gran sentido de amor al prójimo y a la Iglesia han analizado y valorado el informe realizado por el Defensor del Pueblo, de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar con humildad y contrición a las víctimas en el centro con el mayor de los respetos y afectos. Se han considerado también valiosas las recomendaciones propuestas en este informe.
Los obispos han manifestado su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas, expresando el deseo de cooperar en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos.
A los católicos nos duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Pero el informe no representa al conjunto de sacerdotes, religiosos y laicos, cuyas conductas no solo no vulneran el ordenamiento jurídico con ilícitos penales, sino el propio código de Derecho Canónico y demás normas concordantes reglamentarias, estrechamente ligadas a la praxis pastoral, siendo la gran mayoría, que en comunión eclesial, se entregan con la ayuda del Espíritu Santo, día a día, su vida, hasta que mueren en olor a santidad, incluso como mártires, al servicio del prójimo, de los más necesitados, Jesucristo y Dios.
Solo hubiese bastado con que el Defensor del Pueblo se hubiese acercado a una Casa Sacerdotal para comprobar lo que estoy diciendo. Sacerdotes y religiosos que residen en las mismas, que se han vaciado en su trayectoria sacramental, que se han mortificado de dispensar amor con mayúscula a los feligreses, a los vecinos, a los ciudadanos, muchos de ellos después cayendo enfermos, sin preguntarles nada a los que servían con una sonrisa de amistad, ayudándoles en todo lo que han podido y más, y con muy poca ayuda material y recibiendo muchas ingratitudes.
Los obispos en su responsabilidad eclesial se han unido sin fisura alguna a la petición del Defensor del Pueblo, instando al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, no solo a la Iglesia Católica, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad, como señala el mismo informe.
Dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo. El estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia Católica: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta. Además, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia Católica, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertirían en víctimas de segunda. Paz y Bien.
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