Rifá culpa a la crisis financiera de su presunto fraude a Hacienda de 100 millones

Este jueves, el abogado de Miguel Rifá, empresario hotelero que se enfrenta a casi 30 años de prisión, ha afirmado que la insolvencia de las sociedades del grupo no es resultado del alzamiento de bienes por valor de 98,6 millones de euros ante las deudas con la AEAT, como sostienen las acusaciones. Según él, la situación se debe a una "crisis financiera".

Por otro lado, la defensa ha alegado la presunta prescripción de algunos delitos contra la Hacienda Pública. Según ha trasladado, cuando declaró en sede judicial en 2012, "no se le imputaban". Ha concluido que es una nueva declaración en 2016, cuando ya se le imputa todo, sin que antes haya habido ninguna referencia a estos.

Ante el tribunal de la Sección Segunda, ha declarado que los hoteles del grupo empresarial liderado por Miguel Rifá han sido ejecutados por sus acreedores. Además, ha mencionado que aquellos que todavía no han sido ejecutados están en proceso. También ha señalado que la Agencia Tributaria, representada en el caso por la Abogacía del Estado, ha estado cobrando del concurso de acreedores.

Uno de los seis abogados que han intervenido ha solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas presentes en el caso, argumentando que es "claramente irregular" que Vigilancia Aduanera haya tenido acceso al teléfono de I.M.M., acusado por la Fiscalía como el cooperador y colaborador de Rifá. El abogado ha enfatizado que esto es de vital importancia debido a que las acusaciones contra el empresario se basan en estas intervenciones.

En la Audiencia Provincial, durante la primera sesión de la vista oral, se ha llevado a cabo el trámite de cuestiones previas. Durante este trámite, la defensa del principal acusado ha negado cualquier "ánimo defraudatorio" en las ventas de bienes realizadas entre 2008 y 2011. Además, se ha mencionado la existencia de "pérdidas extraordinarias".

La Fiscalía ha solicitado penas que suman 29 años y 11 meses de cárcel para Miguel Rifá. Él está acusado de alzar bienes por valor de 98,6 millones de euros entre los años 2008 y 2011 con el fin de "defraudar" a la Hacienda Pública.

En la causa también se enjuicia a I.M.M., presunto cooperador del conocido empresario. La fiscal interesa un total de 17 años de prisión para él, como autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y un delito de insolvencia punible.

En noviembre de 2019, el juicio oral fue abierto por el juzgado instructor contra siete personas y trece sociedades mercantiles. A Rifá se le imputan siete presuntos delitos tributarios por IVA, impuesto de Sociedades e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, incluyendo uno en tentativa, así como dos delitos de insolvencia punible.

CLARO INTENTO DE FRAUDE

De acuerdo con el informe de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, se indica que Miguel Rifá contó con la "colaboración y asesoramiento expreso" de I.M.M. y llevó a cabo un "plan preconcebido" con el objetivo de "obtener beneficios económicos en perjuicio de la Hacienda Pública".

Al crear un "entramado de sociedades españolas, portuguesas y británicas" con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, se le atribuye al acusado por parte del Ministerio Público un "evidente ánimo defraudatorio y elusión de sus obligaciones tributarias legalmente exigibles".

Según se informa, las mercantiles 'Hotel Almería SL' y Predios del Sureste SL habrían sido "vaciadas" patrimonialmente a través de la "utilización de diversas sociedades interpuestas".

Según el escrito de acusación, se alega que se llevaron a cabo presuntamente varios fraudes a la Hacienda Pública al mismo tiempo, mediante la simulación de operaciones con el fin de ocultar la verdadera propiedad de las sociedades involucradas.

"Concluye que es el acusado Miguel Rifá quien planifica, dirige y decide todas las operaciones con independencia de su titularidad jurídica y formal. Además, mediante este modo de operar, logra vaciar patrimonialmente sus sociedades para evitar el pago de sus deudas y obtener devoluciones tributarias por una cantidad superior a diez millones de euros. Por lo tanto, se determina que él es el propietario real último y responsable de sus deudas", afirma.

FINCAS, HOTELES, IVA

En relación a esto, se destaca que al comienzo de la "actividad fraudulenta" llevada a cabo por Rifá y su socio, "las sociedades tenían numerosas deudas contraídas con la Hacienda Pública". Además, se especifica que todas las operaciones se realizaron con el objetivo de "transferir todas las deudas a las sociedades del grupo Rifá" e incluso aumentarlas mediante la generación de deudas ficticias por concepto de IVA que no se pagan. También se llevaron a cabo transferencias de "todos los activos a otras sociedades pertenecientes al grupo Rifá, en este caso sin ninguna deuda".

Según la Fiscalía, en noviembre de 2008, el importe de la deuda de las sociedades era de "83,4 millones de euros". Al finalizar las operaciones en marzo de 2011, este importe ascendió a "134,1 millones de euros", mientras que el valor neto de los bienes alzados se estimó en "98,6 millones de euros".

Según el Ministerio Público, se ha observado que el empresario ha llevado a cabo "solicitudes de aplazamiento" ante la Agencia Tributaria. Estas solicitudes han sido "incumplidas sistemáticamente". Además, se interpreta que estas acciones son "maniobras dilatorias" con el propósito de retrasar la fase de embargo y evitar el pago de las deudas.

La Abogacía del Estado acusa de operaciones supuestamente fraudulentas, entre las cuales se destaca la transmisión de 13 hoteles, 135 fincas rústicas en diferentes municipios, tres fincas de la Compañía de María, oficinas, solares, acciones y participaciones.