La gestión sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla se resume en una fotografía, la que muestra las salas de espera vacías por las tardes para consultas de especialidades o pruebas diagnósticas en hospitales públicos de la provincia. A pesar de que más de 100.000 almerienses se encuentran en listas de espera, las puertas de los centros se cierran a mediodía por pura incompetencia o mala fe.
La Intervención General de la Junta ha puesto en evidencia el descontrol sobre los 500 millones anuales que el Servicio Andaluz de Salud dice que paga por las actividades extraordinarias por las tardes. Resulta sorprendente que desde la administración autonómica se estén costeando unos servicios que se podrían calificar de ‘fantasmas’, puesto que sólo hay que echar un vistazo puertas adentro para comprobar que no hay ni pacientes citados ni profesionales sanitarios que los atiendan en esas horas del día.
Los ejemplos de lo que está ocurriendo se multiplican por toda la provincia. En el hospital La Inmaculada de Huércal-Overa está disponible un sólo quirófano de los seis existentes debido a la falta de profesionales sanitarios. De otro lado, los servicios de cardiología y neumología presentan esperas de un año para una cita con el especialista, algo que también ocurre en el hospital de Poniente, en El Ejido, y en el de Torrecárdenas con otras especialidades que presentan tiempos de espera inaceptables.
El PP andaluz está siguiendo la hoja de ruta que la derecha que comanda Feijóo está aplicando en todas las comunidades autónomas donde gobierna. Y lo hace de manera rigurosa, con un método que no puede ser más simple a la par que perverso: debilitar la sanidad pública para favorecer a la privada con el desvío de ingentes cantidades de dinero mediante contratos adjudicados a dedo entre 2020 y 2024. Por el camino, eso sí, ha orquestado una cacería de brujas entre los interventores de la Junta que huele muy mal.
Todo parece indicar que lo que en realidad esconde todo esto es una persecución política en toda regla de quien se atreva a denunciar irregularidades como las que alertaron del abuso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud que ahora investiga un juzgado.
Las palabras de la viceconsejera de Hacienda del Gobierno de Moreno Bonilla en las que advierte de que hace falta mano dura y meter en cintura a los interventores – tras el cese de la ya ex interventora general y de otros cuatro interventores- es toda una declaración de intenciones. De muy malas intenciones para ser más precisos.
Agenda
