Cada día que pasa se puede ir advirtiendo la deriva totalitaria de este gobierno. Ya es difícil circunscribirlo o identificarlo con una ideología determinada. Del socialismo emponzoñado con buenas dosis de comunismo, pasamos a una dependencia tóxica de lo más indeseable en una presunta democracia y un averiado Estado de derecho.
El problema no radica en los agentes externos, que como rémoras se adhieren a las decisiones que a todos nos afectan, y mayormente perjudican a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. Es el presidente del Gobierno de España el único culpable de este dislate por su exclusivo interés de mantenerse en el poder a costa de lo que sea menester.
La generación de este escenario, pletórico de vileza y felonía, hace posible que los que se mantienen al margen de sus obligaciones quedan al abrigo de un gobierno complaciente con una variopinta fauna de vulneradores de las leyes. La corrupción -ahora sí- es sistémica al involucrar importantes miembros de un gobierno socialista que ve señalamientos, imputaciones e indicios racionales en la consorte del presidente, su hermano, su número dos, varios ministros… y las inauditas e impresentables del Tribunal Constitucional o de la fiscalía general del Estado, dejando para otras esferas de la vergüenza al CIS de Tezanos, Televisión espantosa y un sinfín de empresas públicas, instituciones y chiringuitos varios que están bajo el control directo del totalitarismo sanchista.
Si no fuese suficiente el desprecio, desparpajo y vulneración de las reglas que han de regir esta democracia con la directa observancia de la Constitución, el presidente del Gobierno nos vuelve a sorprender como el mayor infractor de la Constitución española.
La renuencia de Pedro Sánchez con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado no es una anécdota. Si Sánchez fuese presidente del consejo de administración de una empresa privada ya estaría en la puñetera calle. Sin embargo, la “empresa” mayor de España es el Gobierno, y su propósito principal es observar con pulcritud la Constitución española y administrar los recursos de todos los españoles plasmando con todo detalle, información, debate y transparencia las cuentas de todos los ciudadanos.
Pedro Sánchez infringe la Constitución española al vulnerar reiterada, intencionada y ostensiblemente el artículo 134, que dice exactamente: El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
Es preciso decir que cuando se expresa “El Gobierno deberá presentar…”; ese “deberá” implica obligación. Un ejemplo. Un catedrático de Literatura “debe” conocer las obras de Leopoldo Alas. Y, aunque no es de ciencias, “debe de” saber las cuatro reglas (sumar, restar, multiplicar y dividir).
Por tanto, la Constitución expresa el deber y la obligación. Hacer lo contrario, es vulnerar la Constitución; y no es en algo baladí. Los Presupuestos Generales del Estado implican a toda la población. Es la administración de nuestros recursos. Es nuestro presente y nuestra proyección de futuro. Son las inversiones vitales para paliar problemas. Es el futuro de la educación de nuestros hijos. Es la garantía de las infraestructuras sanitarias. Es el futuro de la Justicia. Y otras tantas infraestructuras vitales como el agua, las energías, las comunicaciones… En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado contienen todo y es la acción política principal de un gobierno en todo un año.
Los adminiostrados no podemos permitir que el presidente del gobierno nos obvie y nos desprecie con total impunidad. Se me ocurre que, ya que Pedro ha otorgado un inadecuado grado superlativo a lo que es una sala de garantías constitucionales, nos dirijamos al Tribunal Constitucional para denunciar a Pedro Sánchez por incumplir obstinadamente el importantísimo artículo 134 de la Constitución española.
Denunciar al presidente del Gobierno de España por incumplir la Constitución española sería una merecida respuesta ante tanta felonía y una posible reprimenda (¡iluso!) del Tribunal Constitucional.
Que digo yo, se llama Tribunal Constitucional porque repara las disfunciones constitucionales. Y aquél que prometió ante S. M. el Rey guardar y hacer guardar la Constitución… A lo mejor, parece que ha mentido, que ha subvertido la democracia, y que su palabra y su solemne promesa no vale absolutamente nada de nada.
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