La reciente propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para limitar las acusaciones populares y deslegitimar los procesos judiciales basados en informaciones periodísticas -"recortes de prensa" lo llaman despectivamente- ha despertado un intenso debate sobre su verdadero propósito. Lejos de ser una simple reforma técnica, esta iniciativa parece diseñada para blindar a su entorno más cercano, asediado por investigaciones que apuntan a posibles tramas de corrupción, por eso lo plantea como ley retroactiva, lo que alargaría su efectividad incluso al fugado Puigdemont.
El momento elegido para impulsar estas medidas no es casual. Tanto la esposa del presidente, Begoña Gómez, como su hermano David Sánchez, están siendo investigados en procesos judiciales que se iniciaron a raíz de denuncias publicadas en la prensa. Además, la figura de Koldo García, estrechamente vinculado al exministro José Luis Ábalos y al empresario Aldama, también es objeto de una investigación por presuntos negocios turbios con fondos públicos. Los medios de comunicación fueron los primeros en sacar a la luz estos nexos, apuntando a un esquema de tráfico de influencias que salpica a altas esferas del PSOE. Sin embargo, la reforma propuesta podría dificultar que estos procesos avancen, al deslegitimar las pruebas iniciales basadas en investigaciones periodísticas.
Si unas veces los periodistas contamos qué pasa en los juzgados gracias a las filtraciones de documentos de la investigación, otras sucede al contrario, y es la justicia quien toma cartas en el asunto que develan los periódicos.
La historia reciente de España y el mundo está plagada de ejemplos donde los "recortes de prensa", como los denomina despectivamente el Gobierno, han sido la chispa que encendió la llama de la justicia, y sin abundar mucho, y recurriendo solo a la memoria (que si uno acude a Google la cosa no tiene fin) me salen los siguientes:
- Iñaki Urdangarin fue condenado gracias a investigaciones periodísticas que revelaron contratos públicos amañados. Afectó a la Casa Real.
- Los Papeles de Bárcenas expusieron la financiación ilegal del PP y condujeron a condenas históricas.
- Los GAL fueron desvelados por la prensa antes de que los tribunales condenaran a responsables del aparato estatal. Afectó al PSOE.
- En el caso internacional más famoso, el escándalo Watergate comenzó con el trabajo de periodistas del Washington Post y terminó con la renuncia del presidente Nixon.
Calificar estas investigaciones como simples "recortes de prensa" no solo es un insulto a la prensa libre, sino un intento de restar legitimidad a un pilar fundamental de las democracias modernas: la rendición de cuentas pública.
Las motivaciones detrás de la reforma se vuelven más evidentes cuando se considera que los procesos judiciales nacidos de denuncias periodísticas son un problema real para el actual Gobierno. Si las investigaciones sobre Begoña Gómez, David Sánchez y los casos relacionados con Ábalos y García avanzan, podrían generar un terremoto político de proporciones devastadoras para el PSOE. No es casual que justo en este momento se intente debilitar las herramientas que han llevado al banquillo a tantos corruptos.
La propuesta también busca limitar el papel de la acusación popular, clave para combatir la corrupción sistémica. Casos como el de Urdangarin o Gürtel fueron impulsados por esta figura jurídica. Al pretender restringirla, se cercena un mecanismo de control ciudadano esencial. Es cierto que la acusación popular puede usarse con fines políticos, pero el camino no es suprimirla, sino mejorar su regulación para evitar abusos sin sacrificar su eficacia.
La pregunta que surge es clara: ¿A qué le teme Pedro Sánchez? La democracia no se fortalece protegiendo a los poderosos de las investigaciones, sino garantizando que nadie esté por encima de la ley. Limitar la capacidad de la prensa y de los ciudadanos para denunciar la corrupción no es una reforma, es un retroceso. Los españoles merecen un gobierno que respete la transparencia, no uno que busque silenciarla.
En sistema como el nuestro, donde el Legislativo y el Ejecutivo son prácticamente la misma cosa, y donde el primero controla la Fiscalía (¿de quién depende?) y la Agobacía del Estado, y entre ambos controlan el Supremo y el CGPJ... es evidente que solo resta un poder por controlar: el periodismo.
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