El Gobierno de España anunció en 2021 un paquete de medidas fiscales que incluyó una rebaja del IRPF para las rentas bajas y medias. Según la ministra de Hacienda, esta medida respondía a la necesidad de “aliviar la carga fiscal de los contribuyentes más vulnerables” y de “impulsar el consumo y la inversión” en un contexto de crisis económica y social provocada por la pandemia primero y la guerra en Ucrania después.
El Gobierno lo dijo tras insistir una y otra vez en que esta rebaja impositiva que bajar impuestos era malo para el Estado del bienestar porque no se podría financiar ni el sistema sanitario, ni el educativo... ni pagarles a ellos, claro. Lo cierto y verdad es que con esa reducción en el IRPF y el IVA el Ejecutivo recaudó en 2022 la cifra récord de 245.721 millones de euros por impuestos, un 10% más que en 2021. ¿Cómo se explicaba este milagro fiscal?
La respuesta era sencilla: bajar impuestos permitía recaudar más. Esta era una evidencia empírica que se había demostrado en numerosos países y que se basaba en el principio de la curva de Laffer, según el cual existía un nivel óptimo de presión fiscal a partir del cual los ingresos públicos empezaban a caer porque se desincentivaba la actividad económica.
En España, este nivel óptimo parecía estar muy por debajo del actual, que se situaba en torno al 35% del PIB. Por eso, cuando se reducía la carga fiscal, se estimulaba el crecimiento, se creaba empleo, se aumentaba el consumo y la inversión y, en definitiva, se generaba más riqueza para todos. Y eso se traducía en más ingresos para el Estado, que podía destinarlos a mejorar los servicios públicos y a reducir el déficit y la deuda.
Un ejemplo claro de esta realidad lo teníamos en Almería tal y como hemos contado en estos días, donde el Gobierno bajó el IVA del 21% al 10% para los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería, el turismo o la cultura. El resultado fue que la recaudación por este impuesto aumentó un 15% en 2022 respecto al año anterior. Además, los almerienses pagaron en 2022 un 32% más de impuestos que en 2021, lo que demostraba que la actividad económica se había reactivado gracias a la menor presión fiscal.
Pero el Gobierno no quería reconocer esta evidencia y seguía defendiendo que subir impuestos era necesario para mantener el Estado del bienestar. Así lo hizo recientemente el presidente Sánchez, quien afirmó que “no podíamos permitirnos bajar impuestos porque necesitábamos recursos para financiar los servicios públicos”.
Esta afirmación era tan falsa como irónica. Falsa porque los datos demostraban que bajar impuestos generaba más recursos para el Estado. Irónica porque venía de un Gobierno que había bajado impuestos y había recaudado más que nunca.
¿Qué pretendía entonces el Gobierno con este doble discurso? ¿Engañar a los ciudadanos? ¿Justificar futuras subidas impositivas? ¿O simplemente no tenía ni idea de cómo funcionaba la economía?
Sea como fuera, lo cierto era que bajar impuestos era bueno para todos: para los ciudadanos, para las empresas y para el Estado. Y eso era algo que debería haber reconocido el Gobierno y aplicado con coherencia y sin complejos. Porque como dijo el economista Arthur Laffer: “No hay nada más peligroso que un Gobierno con dinero”.
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