El pasado 22 de septiembre, un alumno de 15 años con síndrome de Asperger protagonizó un violento ataque en el instituto IES Elena García Armada de Jerez de la Frontera, donde hirió con dos cuchillos a varios compañeros y profesores. El suceso ha conmocionado a la comunidad educativa y ha puesto de relieve la necesidad de mejorar los protocolos de prevención y actuación ante situaciones de acoso escolar y violencia.
Según el informe del centro, el menor no había sido víctima de bullying, pero sí sufría un “abuso pasivo” por parte de sus compañeros, que lo ignoraban y lo excluían. La Confederación de Autismo ha denunciado que el aislamiento social es una forma de maltrato que afecta especialmente a los niños con trastornos del espectro autista, que tienen dificultades para relacionarse y expresar sus emociones.
La rápida intervención de los docentes y la policía evitó que el incidente tuviera consecuencias más graves. Los profesores lograron reducir al agresor utilizando una silla y le quitaron los cuchillos, mientras que la policía llegó al lugar en pocos minutos y se hizo cargo de la situación. Afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna víctima mortal y los heridos se recuperan favorablemente.
Sin embargo, este hecho nos hace reflexionar sobre qué hubiera pasado si el menor hubiera tenido acceso a un arma de fuego en lugar de a unos cuchillos. ¿Cuántas vidas se habrían perdido? ¿Qué tipo de trauma habría dejado en los supervivientes? ¿Qué medidas se habrían tomado para evitar que se repitiera?
Estas preguntas no son hipotéticas, sino que son una triste realidad en Estados Unidos, donde los tiroteos masivos en las escuelas son una epidemia que se cobra decenas de vidas cada año. Según la organización Gun Violence Archive, solo en 2021 se han registrado 293 tiroteos masivos en el país, algunos de ellos en centros educativos.
La causa principal de esta violencia es la facilidad con la que los ciudadanos estadounidenses pueden adquirir y portar armas de fuego, amparados por la Segunda Enmienda de su Constitución. Se estima que hay 310 millones de armas en manos de civiles en Estados Unidos, lo que supone una media de 120 armas por cada 100 habitantes. Esta cifra es muy superior a la de cualquier otro país desarrollado.
Los defensores del derecho a las armas argumentan que son necesarias para la autodefensa, la defensa nacional y la defensa frente al propio Estado. Sin embargo, los estudios demuestran que las armas causan más muertes que las que previenen, y que su presencia aumenta el riesgo de suicidio, homicidio y accidentes.
Por eso, es urgente que Estados Unidos adopte medidas efectivas para regular el acceso a las armas y reducir su proliferación. Algunas propuestas son: exigir una verificación de antecedentes penales y psicológicos a los compradores, prohibir las armas automáticas y semiautomáticas, limitar el número y el tamaño de los cargadores, establecer un registro nacional de armas y endurecer las penas por su uso ilegal.
Estas medidas no supondrían una violación del derecho constitucional a las armas, sino una adaptación del mismo a las circunstancias actuales. La propia Constitución establece en su preámbulo que uno de sus fines es “asegurar la bendición de la libertad para nosotros y nuestra posteridad”. Y esa libertad implica también el derecho a vivir sin miedo a ser asesinado por un arma.
En conclusión, el caso del menor con Asperger que atacó con cuchillos en Jerez nos muestra la importancia de prevenir y combatir el acoso escolar y la violencia juvenil. Pero también nos hace valorar que vivimos en un país donde las armas de fuego no están generalizadas y donde los incidentes como este son excepcionales. Ojalá Estados Unidos tome nota y cambie su cultura de las armas antes de que sea demasiado tarde.
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