Sin acuerdo para las expropiaciones de Palomares por contaminación nuclear

La mayoría de los propietarios de las 44 fincas afectadas por el procedimiento de expropiación forzosa iniciado en Palomares (Almería) en 2021 debido a la contaminación radioactiva han expresado su desacuerdo con la valoración económica realizada por el Gobierno. Por consiguiente, será el jurado provincial de Expropiación Forzosa el encargado de emitir una decisión definitiva en el proceso administrativo.

De los 324.073 metros cuadrados sometidos a vigilancia radiológica por la presencia de americio y plutonio, la mayoría se encuentran en el municipio de Cuevas del Almanzora, además de poseer la calificación de tierra rústica por parte del Ministerio. Solamente cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas, se ubican en la localidad de Vera.

La Administración del Estado ha valorado el suelo urbanizable como rústico en base a la Ley del Suelo Estatal de 2015, sin embargo, no ha tenido en cuenta los ingresos percibidos en el pasado por los propietarios por la ocupación temporal y el alquiler. Esto ha llevado a que gran parte de los propietarios, especialmente los dueños de las fincas de mayor valor, impugnen las hojas de valoración. Sin embargo, existen algunos casos en los cuales el propietario ha aceptado el precio propuesto.

Entre los afectados por el procedimiento de expropiación forzosa iniciado en Palomares (Almería) en 2021 se encuentran particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos y constructoras que compraron el suelo antes de la puesta en marcha del Plan de Vigilancia Ambiental con la clasificación de suelo urbanizable para usos residenciales. La administración del Estado ha establecido un precio de entre un euro y 80 céntimos el metro cuadrado para tierras rústicas y de una media de 0,91 euros el metro cuadrado para suelo urbanizable.

Los propietarios de los terrenos han impugnado la valoración económica ya que se habría omitido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitida en 2017, en la cual se estableció que los terrenos debían ser valorados como urbanizables. Esta decisión se tomó en relación a la ocupación temporal, aunque los propietarios consideran que esto se aplicaría, de igual manera, a los terrenos bajo estudio.

En junio de 2021, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) declaró que el ejecutivo no debería ampliar la ocupación temporal dispuesta en 2010 para los terrenos vigilados con radiológica, ni extender los contratos de alquiler firmados con los propietarios de algunas de ellas, pues todavía no se habían completado los trabajos de recuperación.

Además, el Ciemat propuso la expropiación forzosa de los terrenos afectados desde 1966 a causa de la caída de cuatro bombas termonucleares tras un choque aéreo entre un bombardero y un avión nodriza de EEUU. A partir de 2010, tras el plazo inicial de tres años de ocupación temporal, se han producido "varias prórrogas", la primera de cinco años y la segunda por dos años.

Además, se han acordado contratos de arrendamiento para diez hectáreas y media ubicadas en Vera y Cuevas del Almanzora, y los terrenos contaminados en la zona 6 (Sierra Almagrera) son actualmente ocupados por el Ciemat, con el objetivo de restringir su uso.

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) justificó la expropiación forzosa de los terrenos contaminados en la necesidad de "mantener el control" sobre el suelo afectado según el artículo 35 del Tratado Euratom, ya que los trabajos de recuperación no han concluido y una nueva prórroga excedería el valor de las fincas.

Además, el Ciemat advirtió que la "disparidad" de instrumentos jurídicos existentes en los terrenos afectados obligaba a declarar la utilidad pública para "proteger la salud pública" y permitir una "estrecha supervisión radiológica" con el fin de proceder a la expropiación forzosa.

Finalmente, el acuerdo de Consejo de Ministros contenía un documento técnico en el que se informaba que había 345.127,95 euros disponibles para la expropiación en Vera y en Cuevas del Almanzora.

En noviembre de 2022, el Tribunal Supremo (TS) concluyó que no era competencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tomar medidas para establecer un plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación de Palomares, un área afectada por la radiactividad y con "efectos residuales". El organismo responsable de la limpieza de la zona, sin embargo, aún no estaba determinado.

Los análisis realizados por el Ciemat en 2021 por el aire, alimentos, flora, fauna, sedimentos y agua detectaron un total de 112 concentraciones de americio y plutonio, aunque todos los valores eran inferiores a los niveles de referencia establecidos en el Plan de Vigilancia Radiológica.

El Ciemat indica que los valores de actividad hallados son similares a los obtenidos en años anteriores, reflejando una "evolución temporal del nivel de contaminación" estable durante la última década, entre 2010 y 2021.

De los 141 análisis realizados, se obtuvo cuantificación de plutonio en 95 de ellos, principalmente a través del cambio semanal de los filtros de aire en tres estaciones medidoras ubicadas en zona 2 del área bajo vigilancia radiológica y en zona urbana. Todos los análisis detectaron actividad radiactiva en forma de partículas en suspensión.

Estas mediciones, a su vez, permiten estimar la dosis potencial de plutonio y americio que recibiría la población por inhalación de partículas contaminadas en el aire.