El pasado 28 de enero, el Portavoz Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, fue detenido por la Policía Nacional mientras participaba en una movilización en solidaridad con tres compañeros de Granada, víctimas en su opinión de represión por parte de la patronal y el Estado. La detención de Reina se produjo por una denuncia de injurias a un empresario presentada en 2014, cuando era secretario general del SAT en Sevilla.
Para la izquierda andaluza en general y para la soberanista en particular, lo sucedido con Reina es un ejemplo más de la persecución que sufre el sindicalismo combativo andaluz por parte de las fuerzas del orden y de la justicia, que actúan al servicio de los intereses de la oligarquía económica y política... así, del tirón, todo seguido, por que para ellos el SAT es un sindicato que lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por la soberanía de Andalucía y por la transformación social. Por ello, es objeto de constantes ataques y represalias, que se traducen en multas, detenciones, juicios y condenas, continúa su argumentación.
Esta situación contrasta con la de los políticos catalanes que protagonizaron el proceso independentista de 2017, unos ya indultados, y otros a punto de ser amnistiados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Estos políticos, que contaron con el apoyo de la izquierda andaluza, no han tenido ni una palabra de solidaridad con los detenidos en Andalucía.
Es bastante patético que las mismas formaciones políticas andaluzas que defienden los indultos y la amnistía para los políticos catalanes, se conformen con el silencio de éstos cuando se trata de un caso como el de Reina.
Mientras el PSOE de Pedro Sánchez cede en todo lo que le piden los independentistas vascos y catalanes porque les necesita para seguir en el poder, la sumisa izquierda andaluza, mimética ella, lo apoya por convencimiento. Lo cierto es que como los nacionalistas andaluces no tienen presencia en el Congreso de los Diputados, Sánchez no los necesita, y por eso, quienes están imputados por terrorismo serán amnistiados en Cataluña, y un sindicalista andaluz será condenado por injuriar a un empresario, que sin duda debe ser más terrible desde el punto de vista de la estabilidad política y social.
El Partido Popular se manifestaba también a esas horas en Madrid por la igualdad de todos los españoles, porque desigualdad, lo que se dice desigualdad, hay. Y el soberanismo andaluz debería haber aprendido.