Somos el 37%

A veces, las cifras macroeconómicas y los debates sobre impuestos nos suenan a música celestial (o infernal, según el día), pero si rascamos un poco la superficie, encontramos realidades que deberían hacernos arquear una ceja, como mínimo. Hoy vamos a hablar de un número mágico, casi cabalístico: el 37%. ¿Y qué tiene de especial? Pues que, según los datos que manejamos, representa el porcentaje de la población española que, con su trabajo directo en el sector privado y como autónomos, genera la riqueza "nueva" que sostiene todo el andamiaje del Estado de Bienestar (e incluso del Malestar). Y sí, eso suena tan asombroso como potencialmente insostenible.

Pongamos las cartas sobre la mesa. España roza los 49 millones de habitantes. De entrada, un 16% son menores de 16 años. Son el futuro, claro que sí, y consumen recursos lógicos y necesarios (educación, sanidad...), pero, por ley de vida (y laboral), no generan ingresos directos vía cotizaciones o impuestos sobre el trabajo. Son receptores netos del sistema, como debe ser.

Nos queda un 84% de la población mayor de 16 años. Aquí el panorama se diversifica. Según las cifras que manejamos, aproximadamente la mitad de la población total (un 50% más o menos) se considera "activa", mientras que un 34% entra en la categoría de "inactivos" (ya sé que falta un cacho hasta completar el 100%, pero esos son los datos ¿fijos-discontinuos? tal vez, no lo sé, pero eso es lo que pone el INE y eso es lo que yo pongo). ¿Y quiénes son estos inactivos? Principalmente, nuestros pensionistas, un pilar social fundamental, pero que reciben sus prestaciones de las arcas públicas. También otros colectivos que, por diversas razones, perciben ayudas o subsidios estatales. Es cierto, muchos de ellos pagan impuestos (como el IRPF sobre sus pensiones), pero no nos engañemos: es un dinero que, en origen, proviene del propio sistema, de las arcas públicas nutridas de nuestros impuestos. Dicho de otro modo, sus impuestos no son más que la devolución de una parte de lo que previamente han recibido de los impuestos de otros (como antes hicieron ellos, cierto).

Ahora, zambullámonos en la población activa, ese 50% teórico. La realidad nos dice que no todos están generando riqueza de forma directa en este mismo instante. Tenemos a los ocupados (en torno al 45%) y a los parados (el porcentaje restante hasta completar la población activa, y que es menos del 6%). Los parados, por razones obvias y comprensibles, se encuentran temporalmente fuera del circuito de generación directa de ingresos. Reciben prestaciones (cuando les corresponde) financiadas con fondos públicos y, si pagan algún impuesto sobre ellas, volvemos al ciclo de devolver parte de lo recibido.

Y llegamos al meollo: los ocupados. Ese 45% se desglosa, grosso modo, así:

• Trabajadores por cuenta ajena en el sector privado: Alrededor del 31% de la población total.
• Autónomos: Cerca del 7% de la población total.
• Empleados públicos: Aproximadamente un 7,5% de la población total, repartidos entre las distintas administraciones.

Aquí viene el punto clave, y que nadie se me ofenda, porque no va de menospreciar a nadie. Los empleados públicos realizan labores esenciales, ¡faltaría más! Médicos, profesores, administrativos, fuerzas de seguridad... su trabajo es vital para que la sociedad funcione. Sin embargo, sus salarios provienen directamente de los impuestos recaudados. Pagan impuestos, sí, pero sobre un dinero que ya ha sido generado y recaudado previamente por el sistema. No están generando nueva riqueza en el mercado primario, sino redistribuyéndola y prestando servicios fundamentales financiados por ella.

Entonces, ¿quiénes quedan como generadores directos de esa riqueza primaria que nutre las arcas del Estado? Sumamos a los trabajadores por cuenta ajena del sector privado (31%) y a los autónomos (7%). ¡Voilà! Ahí tenemos nuestro 37% aproximado. Un poco más de un tercio de la población española generando los recursos para sostener al 100% del país: menores, pensionistas, parados, servicios públicos esenciales (sanidad, educación, infraestructuras, administración) y, por supuesto, a los propios empleados públicos que los gestionan y prestan.

La conclusión es, cuanto menos, llamativa. Tenemos un sistema donde la carga principal de la generación de riqueza recae sobre los hombros de poco más de un tercio de la ciudadanía. Esto no es una crítica a los pensionistas, ni a los estudiantes, ni a los empleados públicos cuyo trabajo es impagable en términos de valor social. Es una constatación matemática de cómo funciona el flujo del dinero en nuestra economía.

La pregunta que flota en el aire es evidente: ¿Es sostenible a largo plazo un modelo donde un 37% tira del carro del 63% restante y de toda la estructura estatal? El debate está servido, y las cifras invitan, como mínimo, a una reflexión profunda sobre nuestro modelo productivo, demográfico y fiscal.

Obviamente no se trata de meter la motosierra al estilo Milei o Trump, sino de implementar medidas que hagan crecer el empleo real, la creación real de riqueza. No se trata de poner a trabajar a los menores de 16 años, o dejar sin pensiones a los mayores, tampoco de eliminar la sanidad, educación o seguridad públicas... pero sí reconocer que este sistema, así dibujado, es insostenible, que hace falta más músculo económico y menos esteroides que los simulen, como pasa con el empleo público directo, y el indirecto (planes temporales de empleo con mil nombres distintos y diferentes realizaciones).

Los milagros existen, pero la economía suele ser bastante más terrenal.