En septiembre de 2022, Teresa Ribera, entonces vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, firmó la licencia que permitió a la empresa Villafuel operar en el mercado de hidrocarburos. Esta concesión ha sido objeto de controversia debido a que, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, uno de los socios de la empresa, Claudio Rivas, ya estaba siendo investigado por fraudes relacionados con el sector de los hidrocarburos en el momento de la autorización.
La empresa Villafuel, impulsada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, se vio envuelta en un fraude de IVA por valor de 182 millones de euros. Los documentos y comunicaciones analizadas por la UCO muestran que había sospechas sobre el socio de Aldama, Claudio Rivas, incluso antes de la concesión de la licencia. Según los informes, la UCO ya había identificado a Rivas en varias investigaciones previas relacionadas con fraudes en hidrocarburos.
A pesar de estas investigaciones en curso, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bajo la dirección de Ribera, procedió con la concesión, avalando la "capacidad legal" de Villafuel para operar. Este hecho ha levantado numerosos interrogantes sobre la diligencia y el criterio aplicado en la concesión de la licencia, especialmente considerando la magnitud del fraude posterior.
Las comunicaciones interceptadas entre Aldama y Rivas, así como la visita del comandante Rubén Villalba a la UCO para indagar sobre la investigación contra Rivas, indican que podría haber habido filtraciones o chivatazos dentro del proceso de investigación.
La concesión de dicha licencia se produjo en un contexto donde también se mencionan gestiones a través de José Luis Ábalos y Reyes Maroto, aunque fue el ministerio de Ribera el que finalmente otorgó el permiso. Este caso ha sido ampliamente discutido en medios y redes sociales, con críticas apuntando a la posible negligencia o falta de control en el proceso de otorgamiento de licencias por parte del gobierno.
La controversia se agrava por la reciente designación de Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su gestión anterior en este caso. La investigación sigue adelante, con la UCO ampliando su foco hacia posibles conexiones internacionales y otros aspectos del fraude.
La información sobre este caso ha sido reportada por varios medios, destacando la conexión entre la licencia concedida y las investigaciones previas de la Guardia Civil.
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