Segunda sesión del juicio de la Operación Poniente, y en ella de nuevo exposición de cuestiones previas por parte de las defensas de las 44 personas físicas y 26 jurídicas que están en el banquillo, entre los que destacan el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL) y su exinterventor, José Antonio Alemán Bracho.
Francisco Torres el defensor de Enciso y Alemán, ha expuesto que el exalcalde ha sido víctima de "acoso y derribo" por esta causa que provocó un agujero de casi ochenta de millones de euros en su consistorio, y ha puesto de manifiesto la vulneración del derecho fundamental a tutela judicial efectiva, vulneración del secreto de las comunicaciones, infracción del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, y la prescripción de los 16 delitos fiscales. Tambien ha hecho referencia a la publicación en medios de comunicación de las transcripciones de las llamadas intervenidas por orden judicial.
Sobre Alemán, alega que la investigación "está viciada por ser resultado de una pesquisa general, fruto de una investigación prospectiva generalizada y prohibida constitucionalmente", también habla de dilaciones indebidas y que los 16 delitos fiscales de los que se le acusa habrían "prescrito".
También menciona el letrado la "ruptura de la cadena de custodia", la detención "irregular", como en el caso de Enciso, ya que ambos estuvieron juntos en prisión preventiva y lograron la libertad bajo fianza tras los nueve meses encerrados.
La defensa del empresario Juan Antonio Galán, considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, el secreto de las comunicaciones y a un proceso sin dilaciones indebidas. A eso añaden que la detención ilegal y la prescripción de los delitos fiscales.
En el caso de otro de los empresarios implicados, José Amate, su defensa habla de indefensión y vulneración del principio acusatorio y de igualdad. Del mismo modo considera que los delitos contra la Hacienda Pública por fraude del Impuesto de Sociedades y del IVA en los periodos impositivos de los años 2002 a 2009 "todos ellos, o, al menos, parte de ellos podrían estar prescritos".
La magistrada-presidente, Társila Martínez, ha trasladado la sesión señalada para el día 24 de enero al día 31 y ha emplazado a las partes a que presenten prueba ese día, en el que también se va a señalar una nueva sesión antes del día 30 de marzo, en el que se prevé comiencen los interrogatorios a los enjuiciados, para que las acusaciones aleguen.
La decisión ha llegado después de que, al final de la sesión de este viernes en el que todas las defensas han expuesto sus cuestiones previas, el fiscal haya solicitado al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial "más tiempo" para informar sobre esas cuestiones previas "por si hubiera que hacer modificaciones en la calificación".
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