He leído en medios de comunicación social que el jefe del Ejecutivo ha afirmado en Valencia que se ve como presidente hasta 2027 y más allá. Y yo también lo veo a la vista de la aprobación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, conocido a pie de calle como el “real decreto ómnibus”.
No quepa la menor duda, que el hecho de votar a favor de un real decreto que mezcla normas con diversas casuísticas legales, aparte que debería de estar prohibido esta forma ignominiosa de proceder político en cualquier ámbito legislativo, ya que el hecho en cuestión pone en entredicho y con incertidumbre, qué sucederá de seguir trayendo reales decretos leyes con esta misma línea de configuración, lo habitual en los últimos años, mediante los cuales, se introducen una pluralidad de materias dispares y el decir no a la ratificación del mismo en la Cámara Baja, supondría un coste inmediato contrario para la ciudadanía respecto a uno o varios de los asuntos que estuviesen insertados en el texto legal.
Sí mañana vuelven a realizar otro real decreto ley, que es la fórmula actual de legislar, mediante el cual se aprueba una subida salarial del 2,5 % a los empleados públicos y, a su vez, entre otras cuestiones, se determina echar abajo la Santa Cruz del Valle de Cuelgamuros, ceder más competencias de exclusividad del Estado a las regiones de Cataluña y Vascongadas, y que se signa pisoteando las decisiones judiciales, etcétera, ¿qué harían?, volver a votar si, como mal menor, para no crearse enemistades electorales, frente a una parte de la ciudadanía que prefiere una acción personalísima antes que el bien común de la comunidad nacional.
Estamos en un momento de tal calado institucional, que está en peligro el conjunto del sistema constitucional, los valores democráticos del preámbulo de la Constitución española de 1978, entre los que se encuentra la propia Corona, por lo que no se puede dar tregua con el sí a normas, que aunque se puedan estar de acuerdo, lo único que provocan es continuar con una situación de inseguridad jurídica, incluso, ni las subidas de las propias pensiones es un porcentaje los suficientemente amplio como para que este colectivo de vital importancia no siga perdiendo poder adquisitivo.
Pues no, es no, y si, es si, con una línea y una meta. No se debería de haber aprobado este real decreto ley cuando llevamos dos años sin presupuestos generales del Estado, cuando se está blindando la ocupación ilegal y a los inquiocupas, sin un plan de viviendas serio consensuado con las fuerzas políticas mayoritarias no bolcheviquizadas, que permita solventar estas entornos dramáticos con seguridad jurídica, atrayendo las inversiones, reduciendo los tiempos de construcción y aprobando los planes urbanísticos con mayor celeridad y eficacia burocrática que no terminen paralizados “sine die”.
En fin, por favor, no modifiquéis más el paradigma ideológico, España se hunde, lo estamos viendo en la agricultura, no deis más cobertura ante tanta tomadura de pelo de la derecha independentista y la izquierda confederalista populista de vertiente marxista. Hay que cumplir con la palabra dada, porque las gentes de este país no pueden estar en la duda permanente en relación con quienes ostentan la atribución máxima en la gobernanza y la gestión pública. Paz y Bien.
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