Este jueves, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se verá envuelto en un intenso debate sobre su continuidad al frente de la institución. Este escenario se produce tras la histórica decisión del Tribunal Supremo de imputarlo por un presunto delito de revelación de secretos, convirtiéndolo en el primer fiscal general en enfrentarse a tal acusación. La controversia surge a raíz de una denuncia presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien sostiene que una nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid el 14 de febrero contenía información confidencial relacionada con negociaciones judiciales. La sala del alto tribunal, presidida por Manuel Marchena y con Susana Polo como ponente, ha acordado abrir causa contra García Ortiz. Esta situación no solo pone en jaque su posición, sino que también genera un ambiente tenso dentro del Ministerio Público. A pesar de las peticiones inminentes de dimisión que recaerán sobre él, no se llevará a cabo una votación formal sobre su permanencia en el cargo. García Ortiz ha manifestado su intención de continuar ejerciendo como fiscal general, argumentando que su permanencia es lo más prudente para la institución a largo plazo y que refuerza la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, es consciente del impacto que esta situación tendrá en el trabajo diario de los fiscales. Para abordar estas preocupaciones, ha convocado a una Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para discutir la reciente decisión del Tribunal Supremo y escuchar las opiniones de sus colegas. La Junta de Fiscales de Sala contará con la participación de fiscales asociados a diferentes agrupaciones, incluyendo la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Fiscales (AF). En este contexto, se anticipa un encuentro cargado de tensiones donde algunos fiscales exigirán su dimisión al considerar incompatible su rol como fiscal general con estar bajo investigación. No obstante, también existen voces que podrían respaldar su permanencia en el cargo. El ambiente se torna aún más complejo cuando se considera el Consejo Fiscal programado para más tarde ese mismo día. Este órgano consultivo está compuesto mayoritariamente por vocales que podrían oponerse a la continuidad de García Ortiz debido al "daño" que podría causar a la imagen institucional tener a un fiscal general imputado. En este sentido, muchos consideran que permitirle continuar sería abrir la puerta a situaciones complicadas dentro del Ministerio Público. Sin embargo, los críticos reconocen que las posibilidades para destituirlo son limitadas. Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), el mandato del fiscal general tiene una duración establecida y solo puede ser cesado bajo ciertas condiciones específicas. La actual normativa no contempla explícitamente un escenario donde un fiscal general esté siendo investigado penalmente. Los defensores de García Ortiz argumentan que el Tribunal Supremo no está señalando directamente indicios claros de delito relacionados con su actuación profesional. De hecho, sostienen que lo cuestionable es cómo se filtraron los correos electrónicos mencionados en la nota y quiénes tenían acceso a ellos. Desde esta perspectiva, algunos fiscales creen firmemente que García Ortiz tiene tanto el derecho como el deber moral y profesional de defenderse ante los tribunales y proteger la integridad del Ministerio Público. Este caso sin precedentes plantea interrogantes sobre el futuro inmediato del Ministerio Público y sobre cómo manejará internamente una crisis tan significativa. Las decisiones tomadas en las próximas horas no solo afectarán a García Ortiz personalmente sino también al funcionamiento y credibilidad del sistema judicial español en su conjunto. Con cada reunión programada y cada declaración pública esperada, el desenlace sigue siendo incierto mientras todos los ojos están puestos en cómo evolucionará esta compleja trama legal e institucional.
amsanchezurrutianoticiasdealmeriacom/16/16/34
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