Resulta encomiable, aunque no por ello menos sintomático de una dejación de responsabilidades, que la sociedad civil, con su empresariado a la cabeza, se vea en la necesidad de ejercer una labor de fiscalización que debería ser intrínseca a la gestión gubernamental. El séptimo chequeo sobre las obras del Tren de Alta Velocidad y el Corredor Mediterráneo, presentado la pasada semana el PITA por #QuieroCorredor en un acto de marcado carácter protocolario, pone de manifiesto esta realidad: son los propios afectados, quienes sufragan los costes de analizar el avance de una infraestructura vital para su desarrollo.
Las palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, resonaron con una lógica aplastante: es imposible que el AVE llegue a Almería en 2026. Pero esta afirmación, francamente, no requería de un dispendioso chequeo para ser evidente. Basta con seguir lo que venimos contando en Noticias de Almería desde hace tiempo. Sólo hay que analizar los contratos que se publican, con observar las fechas de finalización de cada tramo, para constatar lo que ya sabíamos: la llegada del AVE en 2026 era una quimera.
El último ejemplo es palmario, y lo hemos contado al día siguiente de la presentación del chequeo. La adjudicación reciente de una consultoría técnica para una de las obras del AVE, con una extensión temporal hasta octubre de 2026, deja poco margen para la duda. ¿Cómo va a estar operativo el tren si la consultoría para una de sus partes se desarrolla a lo largo de ese mismo año? Del mismo modo, hemos venido publicando a lo largo de 2023 y de 2024 distintos contratos de tenor similar, como compra de traviesas con entregas previstas incluso hasta metidos de lleno en 2027 lo que nos ofrece una cronología incompatible con la llegada del AVE en 2026. Un tren necesita traviesas para circular, una obviedad que no precisa de sesudos análisis.
Todo este ejercicio de "detección" de la realidad se podría haber evitado, o al menos simplificado enormemente, con una gestión transparente y una planificación rigurosa por parte de las administraciones competentes, ofreciendo información puntual, dando cuenta de los pasos. Y es que una prueba de ese afán por engañarnos está en que se nos informa de las licitaciones y de las adjudicaciones de obra, pero nunca de los plazos de éstas, por lo que quienes queremos saber, tenemos que buscar y rebucar.
Pero la lentitud de este proyecto no es una novedad. Nos remontamos a 1998, cuando se encargó un estudio de viabilidad para la conexión Almería-Alicante mediante el Euromed. Aquel informe, que auguraba rentabilidad desde el primer día y vislumbraba un impulso no solo para Almería, conectándola por fin por ferrocarril con Murcia y la Comunidad Valenciana y abriendo la puerta a Madrid en AVE desde allí, sino también para toda Andalucía con la mejora anunciada de las conexiones entre Granada, Málaga y Almería, quedó en un cajón.
Veinte años han pasado desde aquel 2005 en el que, según las previsiones iniciales, aquel enlace debería haber sido una realidad. Veinte años de promesas incumplidas, de proyectos que mutan de Euromed a AVE y luego a Corredor Mediterráneo, sin que a día de hoy tengamos ninguna de las tres infraestructuras completadas. Y muchos tememos que esos veinte años se conviertan fácilmente en veinticinco, un cuarto de siglo de retraso que clama al cielo.
Si RENFE aplicara a los almerienses la misma garantía que ofrece a los viajeros por retrasos puntuales del AVE, la devolución de dinero sería astronómica. Pero lo que realmente anhelamos no es una compensación económica, sino una infraestructura que lleva décadas siendo una promesa y que es fundamental para el futuro de nuestra provincia. Es hora de que la administración asuma su responsabilidad y deje de obligar a la sociedad civil a hacer el trabajo que le corresponde... es decir, que rinda cuentas.