Un paso más en el negocio de la okupación

El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas en España ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una industria delictiva sofisticada, descarada y, lo que es más indignante, publicitada. Lo que ocurre en ciudades como Sevilla, Almería o Málaga no es solo un reflejo de la desesperación social, sino de un sistema legal que parece proteger más al delincuente que a la víctima. Y los datos, fríos y brutales, confirman que estamos ante una crisis que se alimenta de impunidad y cinismo.

De la okupación que era quedarse en una casa de la que no podías seguir pagando la hipoteca, se pasó a, directamente, dar la patada en la puerta para quedarse con una en la que no hubiese nadie por ser propiedad de un banco o fondo de inversión, luego eso mismo en segundas residencias, después se amplió a viviendas en de las que una familia había salido a comprar el pan, de ahí se pasó a la "inquiokupación"... y por medio conocimos la compra de viviendas okupadas... es decir, alguien compra a alguien la llave de una casa que no es suya, consciente de que quien se la vende no la tiene en propiedad. Pero ésto último, era algo que que corría entre los "interesados", pero ahora hay un paso más en el negocio.

Imaginen esta escena: una familia regresa a su segunda vivienda en Almería tras meses sin visitarla y se encuentra con que la cerradura ha sido cambiada. Al llamar a la policía, el ocupante dice haberla "comprado" por 500 o 1000 euros. Es un teatro grotesco, pero real. Los ocupantes ya no se limitan a invadir: ahora venden lo que no es suyo. Y lo hacen a plena luz del día, incluso en portales inmobiliarios.

El portal Idealista, uno de los más utilizados en España, ha revelado que 20.464 viviendas ocupadas ilegalmente están actualmente anunciadas como "en venta" en su plataforma. Sí, han leído bien: veinte mil casos en los que alguien que no es dueño —y que probablemente entró a la fuerza— ofrece una llave robada a cambio de dinero. Las cifras por comunidades son escalofriantes: 3,9% en Almería, 4,7% en Sevilla, 5% en Murcia y hasta un 8% en Gerona. Comparado con el 2,3% de Madrid, resulta evidente que el sur se ha convertido en el epicentro de esta vergüenza nacional.

Lo más alarmante no es solo la escala, sino la normalización. Los okupas ya no actúan por necesidad, sino como parte de una red organizada. Cambian cerraduras, falsifican documentos y negocian con ingenuos —o cómplices— que creen que pagar unos miles de euros por una llave les dará derechos. Pero aquí no hay escrituras, ni notarios, ni seguridad jurídica. Solo estafas encubiertas bajo el paraguas de una legislación que, irónicamente, protege más al invasor que al dueño legítimo.

¿Cómo es posible que un portal como Idealista permita estos anuncios? La respuesta es tan simple como preocupante: la okupación se ha maquillado de transacción "legal". Los estafadores usan eufemismos como "vivienda con inquilinos" o "precio bajo por situación especial", pero detrás hay un mensaje claro: "Esta casa es robada, pero si pagas, puedes intentar quedártela". Y mientras, las víctimas —propietarios aterrorizados— se enfrentan a años de juicios, desgaste emocional y costes legales para recuperar lo que ya era suyo.

El verdadero escándalo es que este mercado negro existe porque el sistema lo permite. En España, desalojar a un okupa ilegal puede tardar meses o años, incluso cuando hay pruebas incontestables de la propiedad. Mientras, los delincuentes disfrutan de luz, agua y servicios básicos a costa del dueño, gracias a un entramado legal que prioriza su "derecho a la vivienda" sobre el derecho fundamental a la propiedad.

¿Qué mensaje enviamos como sociedad? Que robar una casa sale rentable. Que es posible lucrarse vendiendo pisos ajenos en Internet. Que la ley premiará tu audacia. Mientras, familias enteras ven cómo su patrimonio —quizá heredado, quizá ahorrado durante décadas— se convierte en moneda de cambio para mafias que operan sin miedo.

No se trata de criminalizar la pobreza, sino de detener a quienes explotan las grietas del sistema. Las cifras de Idealista deberían ser una llamada de emergencia para políticos, jueces y plataformas digitales:

1. Persecución penal inmediata a quienes anuncien viviendas ocupadas.

2. Desalojos exprés cuando se acredite la propiedad.

3. Responsabilidad para portales inmobiliarios que permitan estos anuncios.

4. Registro público de viviendas okupas para frenar su reventa.

La okupación ilegal no es un "problema de vecinos". Es un delito que socava la seguridad jurídica, alimenta la economía sumergida y convierte a España en un país donde la ley mira para otro lado. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que las mafias escriban las reglas del juego?