La campaña electoral del 28M ha comenzado y con ella se pone en evidencia una vez más la obsolescencia y el sinsentido de la actual Ley Electoral, que data de 1985 y que apenas ha sufrido modificaciones desde entonces. Una ley que impide que los ciudadanos puedan conocer y valorar el trabajo de los candidatos y los partidos políticos, que limita la libertad de expresión y de información, y que favorece la desigualdad y la falta de transparencia.
Uno de los aspectos más absurdos de la ley es el que prohíbe que los candidatos hagan balance de gestión durante el mes previo al inicio oficial de la campaña electoral, cuando precisamente es eso lo que tienen que hacer: rendir cuentas de lo que han hecho y explicar por qué no han ejecutado otras partes del programa con el que se presentaron. ¿Qué sentido tiene ocultar los logros o los fracasos de una gestión pública que afecta a la vida de los electores? ¿No es acaso un derecho de los ciudadanos conocer el resultado de las políticas que se han llevado a cabo con sus impuestos? Es que la oposición sí puede hacer balance crítico al gobierno, pero el gobierno no puede hacer balance de gestión.
Es cierto que el balance de gestión no debe hacerse con fondos públicos y eso es lo que hay que controlar, para evitar el uso partidista de los recursos del Estado, pero ¿por qué no hacerlo con el dinero del partido? Los partidos políticos reciben financiación pública y privada, y deben someterse a controles y auditorías para garantizar su legalidad y su transparencia. Si un partido quiere informar a la ciudadanía de lo que ha hecho o de lo que piensa hacer, debería poder hacerlo con su propio dinero, siempre que respete las normas de publicidad y propaganda electoral.
Otro aspecto ridículo de la ley es el que impide que se puedan poner carteles de los candidatos antes del inicio de la campaña electoral. ¿Qué problema hay en que los candidatos sean conocidos por la ciudadanía durante más tiempo? ¿No es acaso una forma de fomentar la participación y el interés por la política? ¿No es acaso una forma de facilitar el voto informado y responsable? La ley debería regular el tamaño, el lugar y el tiempo de exposición de los carteles, pero no prohibirlos por completo. Entre otras razones porque mientras quienes gobiernan suelen tener presencia constante en los medios de comunicación por sus tareas administrativas, la oposición, y más si está fuera de las instituciones, tiene mucho más difícil darse a conocer.
También es ilógico que se pueda hablar del programa electoral antes de la campaña, pero hasta que comienza la campaña, no se pueda pedir el voto. ¿Qué diferencia hay entre explicar las propuestas y solicitar el apoyo? ¿No es acaso una forma de coartar la libertad de expresión y de persuasión? La ley debería garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a las normas éticas, pero no censurar el contenido del mensaje.
Como absurdo es que haya un día de reflexión previo a la votación en el que no se puede hablar de elecciones, cuando hoy día solo se aplica a los medios tradicionales, pero no a las redes sociales, que son una fuente cada vez más importante e influyente de información y opinión. ¿Qué sentido tiene prohibir a los medios informar sobre las elecciones cuando cualquier ciudadano puede hacerlo desde su móvil o su ordenador? ¿No es acaso una forma de discriminar a los medios frente a las fake news, los trolls y demás? La ley debería adaptarse a las nuevas tecnologías y garantizar el derecho a la información y a la comunicación.
Y absurdo es también que se prohíba la publicación de encuestas una semana antes de la votación, cuando desde otro país sí pueden publicarse y son accesibles por internet. ¿Qué sentido tiene impedir a los ciudadanos conocer las tendencias electorales cuando pueden influir en su decisión? ¿Si publicarlas es una forma de influir, acaso no lo es también no publicarlas? Es decir, que los medios tradicionales españoles no pueden publicar encuestas contrastadas, pero todo el mundo puede ver por internet encuestas de dudosa procedencia e intencionalidad y sin rigor, que se publican en páginas de web de cualquier parte del mundo. La ley debería regular, en todo caso, la fiabilidad de las encuestas, pero no vetarlas por completo.
En definitiva, la actual Ley Electoral es una ley caduca, injusta e ineficaz, que necesita una reforma urgente y profunda para adecuarse a los principios democráticos y a las demandas sociales. Una reforma que garantice el derecho al sufragio activo y pasivo, la representatividad y la proporcionalidad, la pluralidad y la diversidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Una reforma que haga posible una democracia más participativa, más deliberativa y más responsable.
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