Que el gobierno de Pedro I El Falso y el Coletavirus no tiene respeto alguno por la ley es tan real como la vida misma. Su constante flirteo con el asalto a la constitución y sus repetidas incursiones en la ilegalidad no son más que la evidencia de un grupo de gobernantes que se creen por encima de las normas.
Esta semana, la iniciativa de un particular nos ha permitido enterarnos de que desde hace días vienen viajando inmigrantes ilegales desde Canarias a la península en un claro incumplimiento de la normativa de la Unión Europea, que obliga a que cuando una persona entra ilegalmente en cualquier país de su territorio, sea retenido en tanto en cuanto no es devuelto a su país o son regularizados sus papeles.
Preguntado por el particular, el Ministerio del Interior ha señalado que no ha sido él quien ha montado a los inmigrantes en los aviones. Alguien podría decir: “tan sólo faltaría”, es decir, que el gobierno no sólo no cumple su obligación de que se cumpla la ley sino que es él quien decide incumplirla.
Pero es que, dado el historial de mentiras de este Gobierno, antes y después de las últimas elecciones, y dadas las circunstancias que han sucedido, tiene una pinta tremenda de que su explicación sea otra más de sus habituales mentiras; es decir, que sí, que ha sido el ejecutivo el que ha provocado que dichos inmigrantes ilegales salgan de Canarias y terminen en la península.
Porque, de otro modo, a nadie con cierto grado de rigor y raciocinio, se le ocurre fácilmente de qué manera varios grupos de inmigrantes llegados a España de manera irregular y en patera, jugándose la vida dejando atrás todas sus pertenencias, pueden terminar adquiriendo un billete de avión y presentando la documentación pertinente para poder viajar por vía aérea.
El caso se parece mucho al del ‘Delcy-Gate’, en el que el Gobierno no sólo no se ocupó de prohibir la parada en territorio español y por tanto europeo de una delincuente internacionalmente buscada, sino que fue uno de sus ministros quien la recibió en la sala VIP del aeropuerto, convirtiéndose en cómplice de un nuevo asalto a la legalidad.
Lo que digo, que sería rotundamente escandaloso en cualquier país democrático ante cualquier poder del Estado, ha dejado incluso de sorprender en este país que, desde hace dos años, está gobernado y dirigido por personas que han demostrado sobradamente que la legalidad no es más que un adorno, un aderezo a utilizar en caso de que combine bien con los zapatos, pero absolutamente prescindible si supone obstáculo alguno para cualquiera de sus objetivos partidistas.
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