José Luis de Villar, autor de "28F: Toda la verdad sobre la conquista de la autonomía por el pueblo andaluz", aborda en esta entrevista temas cruciales sobre la actualidad política y el impacto de los acuerdos entre partidos a nivel estatal para la investidura de Pedro Sánchez.
El autor comenzó destacando la complejidad de la situación actual, marcada por opiniones divergentes sobre el enfoque legislativo hacia los temas sociales y territoriales. La incertidumbre sobre el papel de Andalucía en este contexto llevó a De Villar a reflexionar sobre los logros obtenidos durante la lucha por la autonomía en los años 70.
La entrevista exploró las contradicciones históricas en la postura de los partidos políticos nacionales hacia la autonomía de Andalucía. De Villar remontó la historia a los últimos años del franquismo, señalando que ningún partido estatal, ya fuese de izquierda, derecha o centro, consideraba la autonomía andaluza en sus planes políticos. Esta omisión se mantenía incluso en los partidos clandestinos de la época.
El autor resaltó la labor pionera de un pequeño grupo político surgido durante la dictadura de Franco, inicialmente denominado Compromiso Político y luego Alianza Socialista de Andalucía, que más tarde evolucionó a Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz y Partido Andalucista. Este grupo abogó por la autonomía de Andalucía desde el año 65-66, desafiando las perspectivas de otros partidos políticos que consideraban la cuestión autonómica exclusivamente en relación con Cataluña y el País Vasco.
De manera reveladora, De Villar compartió anécdotas que evidencian la falta de empatía de líderes políticos andaluces, como Felipe González y Alfonso Guerra, hacia la autonomía de Andalucía. A pesar de su origen andaluz, estos líderes desestimaron las aspiraciones autonómicas de la región, enfocándose en la resolución de problemas en Cataluña y el País Vasco.
La entrevista plantea la pregunta crucial sobre el futuro de Andalucía en medio de los actuales acuerdos políticos a nivel nacional. De Villar sugirió que el legado de la lucha por la autonomía, ganada en fechas emblemáticas como el 4 de diciembre y el 28 de febrero, podría estar en peligro si no se aborda adecuadamente en el panorama político actual. La historia, según De Villar, revela que durante décadas, Andalucía fue ignorada en la agenda política nacional, y es crucial recordar esa lucha por la autonomía para asegurar que no se pierdan los avances logrados.
En medio del fervor generado por la eclosión de conciencia iniciada el 4 de diciembre de 1977, los andalucistas se posicionaron con fuerza a favor de una autonomía de primera categoría. Sin embargo, José Luis de Villar señala que el desafío estaba en el artículo 151 de la Constitución Española, un obstáculo insuperable según él, incluso para regiones como el País Vasco y Cataluña, que, a diferencia de Andalucía, contaban con una disposición transitoria segunda que facilitaba su acceso al artículo 151 sin necesidad de un referéndum.
De Villar destaca la discriminación implícita en la Constitución de 1978, y ahonda en los acontecimientos de 1979, cuando el 95% de los ayuntamientos andaluces, independientemente de su afiliación política, expresaron su apoyo unánime a la autonomía bajo el artículo 151. En respuesta, tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como la Unión de Centro Democrático (UCD) aprobaron una ley que imponía condiciones aún más rigurosas para la realización del referéndum en Andalucía.
La controvertida ley establecía que, en caso de fracaso del referéndum en una provincia, donde no se alcanzara la mayoría absoluta del censo electoral, se debía esperar un período de cinco años para intentarlo nuevamente. De acuerdo con De Villar, esto constituía un intento de disuadir a los andaluces de perseguir el artículo 151 y, en su lugar, optar por el artículo 143, una ruta más accesible pero que no garantizaba la misma autonomía.
A pesar de las dificultades planteadas, el 28 de febrero de 1980, los andaluces votaron masivamente a favor de la autonomía, señalando que la proporción de votos afirmativos en la provincia de Almería fue especialmente significativa, con 110,000 votos a favor y 10,000 en contra.
Uno de los logros notables de este proceso, según De Villar, fue que los andaluces lograron que se les reconociera como "nacionalidad histórica", equiparándose así en derechos, al menos en términos legales, a Cataluña, el País Vasco y Galicia. Aunque De Villar reconoce que este logro da para un análisis más detallado, destaca la importancia de este reconocimiento en el camino hacia la autonomía.
De Villar profundiza en las consecuencias financieras del acuerdo entre el PSOE y los partidos nacionalistas del norte para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y su impacto directo en la autonomía andaluza. Destaca la preocupación por el perdón de la deuda al gobierno catalán, lo cual implica que los recursos prestados se convierten en regalados, proporcionándoles una ventaja financiera considerable. Este perdón de deuda, junto con la administración exclusiva de los recursos económicos, plantea una amenaza real para las finanzas de otras comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.
El autor señala la falta de representación en el Congreso de los Diputados para abogar por la financiación adecuada de los servicios públicos en Andalucía. Menciona que la izquierda andaluza, en su mayoría afiliada a partidos centralistas, no ha levantado la voz para defender los intereses de la clase trabajadora en la región. De Villar destaca que este acuerdo perjudica principalmente a la clase obrera andaluza, ya que los ricos locales, con sus recursos privados, no se verán afectados de la misma manera.
En particular, la cesión de la seguridad social y la gestión autónoma de esta por parte de Cataluña plantea desafíos adicionales para Andalucía. De Villar expone que, dada la alta proporción de trabajadores autónomos en lugares como Almería, la gestión separada de la seguridad social podría resultar en pensiones más bajas y un impacto negativo en el subsidio de desempleo.
Cuando se le pregunta sobre la aparente aprobación de este acuerdo por parte de la izquierda andaluza, De Villar atribuye esto a la falta de soberanía de la izquierda local. Sostiene que la izquierda andaluza históricamente ha seguido las consignas de Madrid, sin mostrar independencia. Aclara que hay una izquierda andaluza fuera de los partidos centralistas que reconoce los daños potenciales a los trabajadores andaluces.
En cuanto a la capacidad del Partido Popular para salvaguardar los intereses de Andalucía, José Luis de Villar expresa su escepticismo. Señala que la retórica del Partido Popular en la región no está centrada en cuestiones como financiación o seguridad social, sino en cuestiones nacionales, como la amnistía y la supuesta amenaza de ruptura de España. De Villar critica la falta de un discurso centrado en la defensa de los intereses de los trabajadores andaluces.
El autor enfatiza que la preocupación del gobierno andaluz, liderado por el Partido Popular, parece estar más orientada a derribar al gobierno central que a proteger los intereses de los ciudadanos andaluces. De Villar sostiene que la clase trabajadora andaluza, constituyendo el 70% de la población, se encuentra en una situación desfavorable, con niveles de renta considerablemente bajos en comparación con la media nacional.
De manera crítica, De Villar afirma que el gobierno andaluz no está defendiendo con la firmeza necesaria los verdaderos intereses de la población. Subraya la necesidad de movilizar al pueblo andaluz para que defienda los intereses de Andalucía. Insiste en que la gestión de Andalucía es responsabilidad de los andaluces y que la región es la que está en peligro, no España en su conjunto.
El autor recuerda el propósito original del gobierno andaluz, creado hace casi 40 años para defender los intereses específicos de la región. Enfatiza que, en este momento crítico, es esencial que el gobierno andaluz asuma su papel de protector de Andalucía y movilice a la población para enfrentar los desafíos planteados por los cambios en la gestión de competencias y recursos a nivel estatal.
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