En un reciente debate parlamentario en Andalucía, la diputada de Vox por Almería, Mercedes Rodríguez Tamayo, utilizó una intervención sobre políticas de natalidad para lanzar críticas contra la regularización de inmigrantes y acusar a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, de promover el aborto.
La consejera López respondió firmemente, señalando la falta de conocimiento de la diputada sobre las competencias de la comunidad autónoma: “Si con tanta fuerza defiende usted aquí sus principios, y yo lo respeto, lo mínimo que se merecen los andaluces es que usted conozca las competencias que tiene la comunidad autónoma de Andalucía. Y entre ellas no está la regularización de personas migrantes. Así que ya está bien, porque cada vez que tenemos un debate usted y yo, le tengo que decir que no se conoce el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y lo entiendo, porque no creen en Andalucía, no creen en la autonomía y no creen en Europa, creen en ustedes mismos”.
El intercambio se intensificó cuando López destacó que durante la discusión de los presupuestos de la comunidad autónoma, Vox presentó tres enmiendas, dos de las cuales eran significativas en términos financieros. La consejera criticó las prioridades del partido, indicando que una de las enmiendas proponía retirar fondos de los centros de menores: “¿Esos niños no les preocupan? ¿Los niños que han perdido a sus padres no les preocupan? Los niños cuya tutela la tiene la Administración de la Junta de Hacienda, ¿por qué quitaron de ahí el dinero?”
Además, López enfatizó que Vox propuso eliminar el financiamiento para la asistencia jurídica, procesal y atención psicológica a las víctimas de violencia de género, dejando constancia de su postura en los documentos oficiales: “Pero fíjese también de dónde quitaron el dinero: De la asistencia jurídica, asistencia procesal y atención psicológica a las víctimas de violencia de género. Lo han dejado por escrito”.
Este enfrentamiento pone de manifiesto las tensiones existentes en el parlamento andaluz y plantea serias preguntas sobre las prioridades políticas en relación con la protección de los más vulnerables y el tratamiento de las víctimas de violencia sexual.
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